"Cada año cuando se acerca el nombrado oficialmente Día de la Comunidad pienso lo mismo: ¿Cómo pueden manipularse los hechos históricos de esta manera? En este caso concreto me refiero a la revuelta comunera (1520-1522), que empezó y acabó fuera del territorio de la actual comunidad de Castilla y León pero que, sin embargo, ha provocado que el 23 de abril sea el día oficial de una autonomía birregional, sin más historia conjunta que la que se tiene con otros pueblos o regiones de España.

Y es que la revuelta de las Comunidades tuvo su punto inicial y final en la ciudad de Toledo, afectando a territorios de varias regiones españolas, como Extremadura, el Reino de León, Murcia, Andalucía, o las dos Castillas. Nadie pone en duda que la mayoría de las principales ciudades leonesas, esto es, Salamanca, León, Zamora y Toro, apoyaran dicha revuelta (no así Ciudad Rodrigo), y que precisamente en territorio leonés se erigieran en protagonistas dos de las principales figuras de dicha rebelión, caso de Francisco Maldonado (en Salamanca) y el obispo Acuña (en Zamora).

No obstante, como es evidente, que importantes figuras de este viejo reino peninsular fuesen importantes en la revuelta comunera no convierte en castellanas a las ciudades leonesas (como desde el pancastellanismo pretenden hacer ver), pues sino tendríamos que entender que ciudades como Murcia, Plasencia, Úbeda o Baeza mutasen también en ese sentido.

Por otro lado, hay que indicar que la revuelta comunera afectó a toda la Corona de Castilla y León, y no solo al territorio de la actual autonomía homónima, por lo que pretender reducir la misma a solo una parte es una burda manipulación, cuyo único fin es desvirtuar la historia para moldearla a los deseos de la Junta o del pancastellanismo que, para más inri, pretende que lo comunero deba identificarse con lo castellano exclusivamente.

Es el colmo de lo absurdo, pues en el siglo XVI la Corona de Castilla y León estaba formada por varios reinos reconocidos oficialmente que poseían ciertas instituciones propias. De hecho, de dicha época se pueden observar varios pleitos entre salmantinos que se conservan en el archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid y en los que, como notario, figura precisamente el Notario Mayor del Reino de León, una de las instituciones que conservaba este reino aún en el siglo XVI, lo cual también se corrobora a finales del XV en los ‘Obstáculos a la renta de alcabalas de Salamanca’ de 6 de octubre de 1495, conservado en el Archivo General de Simancas, en que los Reyes Católicos se dirigen “al notario del reino de León para que guarde y cumpla las cartas de los reyes selladas y libradas por los contadores mayores, aunque no lleven las firmas reales, tocantes a las rentas de alcabalas según queja del recaudador de la ciudad de Salamanca y su partido”.

Acercándonos al noroeste salmantino, como curiosidad, cabe señalar que uno de los pleitos de dicha época conservados en la Real Chancillería y firmado por el Notario Mayor leonés está protagonizado por un vecino de San Felices de los Gallegos, Pedro Blanco, fechado el 6 de marzo de 1570, pleito que tuvo con un vecino de Ciudad Rodrigo y que se encuentra en la Caja 1177.33 del Registro de Ejecutorias, constituyendo el legajo número 0598 de la misma.

Y es que, pese a los intentos de manipulación, los archivos históricos hablan por sí mismos, sin atender a las razones de los intereses políticos de turno aunque, desgraciadamente, la información que nos dan apenas llegan a la población. Sin salir del archivo de la Chancillería podemos ver que, el 30 de agosto de 1619, también hay una ejecutoria protagonizada por un tal Bernardo Argüelles, que en el pleito abierto con Martín de Guzmán (entonces rector de la Universidad de Salamanca), se presentaba como “Consiliario del Reino de León en la Universidad de Salamanca”, lo que nos indica que en el siglo XVII aún había consejeros por territorio en nuestra universidad, siendo el reino leonés uno de los que poseía dicho privilegio.

Este hecho venía derivado de los estatutos de 1422 de la Universidad de Salamanca, en que se indicaba que los consejeros que representasen al Reino de León habían de ser elegidos entre vecinos de las diócesis de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Zamora, León, Coria, Badajoz u Oviedo, sistema que tenía su extensión para la elección de rector, que debía ser leonés cada dos años. Como curiosidad, ya que hablamos de la Universidad de Salamanca, cabe señalar que el Archivo Histórico Nacional recoge, con fecha de 15 de septiembre de 1401, el “Privilegio de Enrique III para que los estudiantes de la Universidad de Salamanca no paguen portazgos en el reino de León”.

Con todo ello pretendo señalar que, por mucho que la Junta se empeñe día sí y día también en intentar vendernos ciertos mitos, como que esto es una región (¿con dos nombres en su denominación?), que llevamos unidos desde 1230 (pese a que la unión fuese de las Coronas homónimas en que se incluía también a Galicia, Asturias, Extremadura, Murcia o Andalucía, regiones que, corríjanme si me equivoco, no forman parte de esta autonomía), que desde entonces no ha habido instituciones propias leonesas (pese a que los documentos de los siglos XIV, XV, XVI, XVII o XVIII señalen la existencia de, por ejemplo, la Cancillería, la Notaría o el Adelantamiento del Reino de León o, ya en el siglo XX, que la Región Leonesa eligiese un representante propio en el Tribunal de Garantías de la II República), o que tras 1230 los reyes de turno pasan a ser simplemente reyes de Castilla (pese a que en todos los documentos reales recogen, junto a otros, su título de reyes de León hasta que Isabel II, ya en el siglo XIX abandona esta costumbre), la verdad se puede ocultar, pero no borrar.

Y es que Castilla y León puede ser una autonomía, pero no una región, sino dos (como delata el propio nombre), la unión de León y Castilla data de hace poco más de treinta años (concretamente de 1983), la revuelta de las Comunidades no es algo exclusivo de esta autonomía (sino que pertenece también a otras comunidades como Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid o Andalucía), y el escudo que indebidamente se ha apropiado como propio la Junta, coincide con el escudo histórico de una Corona de Castilla y León que tenía un territorio mucho más amplio (pues integraba a las regiones históricas de Galicia, Asturias, León, Extremadura, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Vascongadas, Andalucía, Murcia y Canarias), y del cual el territorio de la autonomía en que nos hallamos apenas suponía el 24% del total.

Por otro lado, otro mito extendido y que cabe aclarar es que el territorio de esta autonomía no coincide con la cuenca del Duero y, por eso, el Tribunal Constitucional, ante el recurso planteado por Extremadura, declaró inconstitucional el artículo del Estatuto en que la Junta pretendía apropiarse de la gestión de dicha cuenca, pues ésta atañe a ocho autonomías (de hecho, más del 15% de Orense pertenece a la cuenca del Duero), a lo que habría que sumar que, por ejemplo, casi el 10% de la provincia de Salamanca forma parte de la cuenca del Tajo (Béjar y la Sierra de Francia esencialmente), y otro tanto ocurre en otras provincias de la autonomía que poseen un importante porcentaje de territorio fuera de la cuenca del Duero, como es el caso de Burgos (39%), Ávila (33%), Soria (28%) o León (25%). Y es que la única provincia de la comunidad autónoma con todo el territorio en la cuenca del Duero es Valladolid.

Asimismo, no puedo eludir cuestionarme cuánto nos cuesta a los ciudadanos de esta autonomía el sarao de Villalar cada año. Solo en financiar la Fundación Villalar-Castilla y León se nos va millón y medio de euros anualmente, fundación cuyo grueso de gasto se va en los actos del 23 de abril. A ello habría que sumar el gasto que realiza la propia Junta, como las subvenciones de viajes para que la gente acuda a dicha localidad vallisoletana.

A este respecto, me ha llegado el otro día la ‘oferta’ de ir a Villalar desde Ciudad Rodrigo con una asociación vecinal al precio de 10 euros, en el que se incluye ida, vuelta y consumición en la carpa de la red de asociaciones vecinales. La pregunta es obvia ¿A cuánto asciende el gasto en autobuses que hace la Junta ese día? Porque con 10 euros desde Ciudad Rodrigo un autobús no llega ni a Carrascal de Barregas y, a ello, habría que añadir la consumición que dan y la vuelta... Y esto es algo que se hace en toda la autonomía, es decir, que la juerga juntera nos sale por un pastón. El otro día Silvia Clemente hizo público también que han organizado para ese día en Villalar un encuentro de inmigrantes y refugiados al que acudirán unos 300 invitados, que a la Junta le vendrán muy bien para hacer bulto en las fotos.

Debe ser que nos va tan bien en la comunidad autónoma que no hay problemas que atender, porque lo que se gasta la Junta en Villalar (que lo pagamos todos) lo recortará de otro lado, para que luego viniese en su día el consejero de Sanidad diciendo que no había para las urgencias nocturnas en Las Arribes… Si el problema era de falta de presupuesto bien podía haber metido mano al millón y medio de la Fundación Villalar creo yo. Al final todo es cuestión de prioridades, y si anteponen hacer nacionalismo castellanoleonés a dar unos mejores servicios a los ciudadanos, mal íbamos y mal vamos.

Dicho todo lo cual, cabe decir que el día 23 se celebra también el Día del Libro, algo que suena más apropiado para una provincia como la de Salamanca, que tiene la cultura universitaria por bandera. Es una buena ocasión para que todo el que pueda se haga ese día con un libro y disfrute de la lectura."

Autor: Carlos J. Salgado
Fuente: https://salamancartvaldia.es/not/113106/manipulacion-juntera/
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