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"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no paga la pena viure'l" A. Camus
i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi
"Donar exemple no és la principal manera de influir sobre els altres; es la única manera" Albert Einstein
“Lluitarem contra el fort mentre siguem febles i contra nosaltres mateixos quan siguem forts” Lluís Maria Xirinacs
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arbocenc 🇯🇴
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Visca la Barcelona de veritat, la de la seva gent. La de les veïnes que es resisteixen a convertir-se en figurants d'un aparador per a turistes i expats pijos.
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Es pensen que tenim 8 anys i fem tercer de primària?
Fa vergonya aliena.
arbocenc 🇯🇴
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#^Capitalismo de esclavos y guerras comerciales por el azúcar: cómo el ‘oro dulce' conquistó el mundo
El historiador holandés Ulbe Bosma repasa la historia del comercio azucarero desde los primigenios cultivos indios hasta un comercio global que descansó durante siglos en el trabajo esclavo en colonias como Cuba o Java Michael Zeuske: "La economía del imperio español funcionó con los brazos de los esclavos"
Desde que en algún lugar de la India, hace miles de años, un campesino decidió cocer el jugo de la caña de azúcar, hasta la facturación global actual de 180 millones de toneladas anuales de este célebre y dulce cristal granulado, la sacarosa ha jugado un papel protagonista en la historia del comercio mundial. También de la economía y de la política. Desde luego mucho más de lo que uno piensa cuando coge un sobre para echárselo al café.
Especialmente en los últimos 300 años, el cultivo del azúcar ha moldeado países y paisajes enteros, más que ninguno Cuba o la isla de Java, en Indonesia. Sin la colonia española en las Antillas, que llegó a ser la primera exportadora mundial, no se entendería que a día de hoy el mayor conglomerado empresarial del sector, la American Sugar Refining (ASR Group), esté en manos de dos hermanos de apellido Fanjul, de origen cubano y de antepasados asturianos.
“El azúcar fue al siglo XIX lo que el petróleo ha sido para el XX”, sentencia Ulbe Bosma, historiador neerlandés y autor de Azúcar. Una historia de la civilización humana (Ariel), que ha visitado estos días Barcelona. “En términos de comercio internacional, el azúcar fue la materia prima más importante del siglo XIX, la exportación más valiosa del hemisferio sur”.
Más que el café, el algodón o cualquier otro producto de las colonias, añade Bosma, este cristal granulado –tanto el moreno como el blanco– ha llevado de cabeza a magnates y jefes de gobierno, ha desatado guerras comerciales y arancelarias, alargó la vida el esclavismo e incluso fomentó invasiones. Y todo por un alimento que ni siquiera es un bien de primera necesidad y que floreció durante siglos como artículo de lujo, pero que ha acabado colándose en todos los hogares en cantidades nada saludables.
Durante siglos la humanidad pasó sin él, pero la revolución industrial lo convirtió en un “proveedor de calorías” para la clase obrera, en palabras de Bosma. Aunque sus perjuicios los intuyeron los médicos de Isabel I de Inglaterra ya en el siglo XVI, al ver sus dientes negros repletos de caries, así como los científicos que en 1845 publicaron en The Lancet su relación con la obesidad y la diabetes, nada de ello ha impedido que la industria y el consumo sigan creciendo.
“Hace 300 años incluso en los países más ricos no ingerían más de 2 o 3 kilos de azúcar al año por habitante”, apunta Bosma. Actualmente, un europeo ingiere de media 40 kilos de azúcar al año, el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Azúcar hirviendo en Punjab, Pakistán, 2010. En todo el sur de Asia, los agricultores siguen fabricando su propio azúcar sin refinar.
La clave del refinamiento del azúcar, añade el historiador, es que el procesado permitió que un producto que se pudría en cuestión de semanas llegara a perdurar en el tiempo. “De ahí que el azúcar fuera tan importante en el origen del capitalismo, porque se convirtió en una materia prima que se podía comercializar a largo plazo”, explica Bosma, que añade que inicialmente se pagaba en oro.
Del curso del Ganjes a Turkmenistán y desde el Nilo a la península ibérica, las rutas del azúcar florecieron a partir de los siglos V y VI y acabarían asombrando a exploradores como Ibn Batutta o Marco Polo. Propio de climas tropicales, su cultivo fue durante siglos ajeno a Europa. Aunque hubo excepciones, como el cinturón azucarero de València o algunas plantaciones en Granada durante el reinado musulmán andalusí. “Fue una importante fuente de ingresos para los constructores de la magnífica Alhambra”, sostiene Bosma.
De los cerca de 12 millones de africanos que fueron capturados y enviados a las colonias atlánticas para trabajos forzados, se estima que entre la mitad y un tercio acabaron en plantaciones azucareras. Cuba, que llegó a producir tanto como todas las islas británicas y francesas del Caribe juntas, fue el mayor exponente de ello. La hipótesis de Bosma, de hecho, es que la esclavitud no se abolió antes porque el negocio azucarero seguía adicto a la mano de obra forzada de sus campos.
“A pesar de la industrialización de los ingenios, la cosecha del azúcar seguía siendo extremadamente laboriosa; si no, la esclavitud hubiera acabado en Cuba antes de 1886; en Brasil antes de 1888 y en Louisiana antes de 1865. Esta es mi teoría”, argumenta el autor.
Adolphe Duperly, «Destruction of the Roehampton Estate January during Baptist War in Jamaica» (1833)/Wikimedia Commons. El día de Navidad de 1831, los esclavizados jamaicanos empezaron a incendiar las plantaciones y las mansiones de los plantadores.
Entre las familias de la burguesía azucarera cubana que se beneficiaron del esclavismo, una de las más conocidas fueron los Goytisolo, de Barcelona. Pero otra saga familiar, que se enriqueció en su caso tras el fin de la esclavitud, fue la que empezó el asturiano Manuel Rionda. Más comerciante que productor, con base entre Cuba y Nueva York, su alianza con el mayor intermediario del mundo, de apellido Czarnikow, acabó situándole en la cúspide del universo azucarero hacia principios del siglo XX.
Años después, al frente de la bautizada como American Sugar Refining, sus descendientes vieron como la revolución castrista los despojaba de sus activos en Cuba, pero lograron reubicarse en Florida y remontar su negocio de nuevo hasta la cima. Los hermanos José y Alfonso Fanjul son actualmente las caras visibles de ese imperio. Amigos del exrey Juan Carlos –lo acogieron en República Dominicana cuando se marchó de España en 2020–, son además conocidos en Estados Unidos porque uno apoya y financia al Partido Demócrata y el otro, al Partido Republicano.
El ex rey Juan Carlos y el presidente dominicano, Danilo Medina, conversan con los hermanos Alfonso Fanjúl y José Fanjúl, a la derecha, en mayo de 2015, en un encuentro empresarial en República Dominicana
Con la importancia del Caribe para las exportaciones a Estados Unidos, también el azúcar fue causa de intervenciones militares, igual que lo serían los intereses de compañías norteamericanas con un largo historial de violencia y golpes de Estado como la United Fruit Company. “Quizás fue a una escala más pequeña que la del petróleo en la revolución de Irán contra Mosaddeq en los 50, pero todo lo que ocurrió en Cuba políticamente estuvo relacionado con el azúcar”, señala el historiador.
Un buen ejemplo del intervencionismo fue en Santo Domingo, donde las empresas norteamericanas encontraron a principios del siglo XX extensión suficiente para cultivar la caña que luego refinaban en Puerto Rico e importaban libre de impuestos. Sin embargo, los campesinos se rebelaron contra el arrebatamiento de tierras y acabaron incendiando varias fincas, una de ellas vinculada a la prominente familia Havemeyer. Aquello provocó el desembarco de los marines estadounidenses y la ocupación de la isla.
A lo largo del libro, Bosma repasa todos hitos de la industria azucarera. Desde la irrupción del azúcar de remolacha a mediados del siglo XIX (que convirtió el continente europeo en potencia productora) hasta los nuevos edulcorantes artificiales. También el papel de los Estados a la hora de favorecer el sector, bien a través de inversiones en infraestructuras clave (como los ferrocarriles de las colonias), bien con subsidios y aranceles. De hecho, a día de hoy el del azúcar sigue sin ser un mercado libre, con cuotas en muchos países (la Unión Europea las retiró en 2017). Los mayores productores actualmente son Brasil, India, la UE y Tailandia.
En la actualidad son un puñado de grandes conglomerados, que incluyen el de los Fanjul y la alemana Südzucker o la británica Associated British Foods, los controlan un mercado de 335.000 agricultores y 40.000 obreros. Un volumen industrial y de negocio que le hace pensar a Bosma que no será fácil que la sacarosa regrese a su papel inicial en el mercado: un artículo de lujo que lo mantenga alejado de las elevadas tasas de obesidad del mundo.
El historiador holandés Ulbe Bosma repasa la historia del comercio azucarero desde los primigenios cultivos indios hasta un comercio global que descansó durante siglos en el trabajo esclavo en colonias como Cuba o Java Michael Zeuske: "La economía del imperio español funcionó con los brazos de los esclavos"
Desde que en algún lugar de la India, hace miles de años, un campesino decidió cocer el jugo de la caña de azúcar, hasta la facturación global actual de 180 millones de toneladas anuales de este célebre y dulce cristal granulado, la sacarosa ha jugado un papel protagonista en la historia del comercio mundial. También de la economía y de la política. Desde luego mucho más de lo que uno piensa cuando coge un sobre para echárselo al café.
Especialmente en los últimos 300 años, el cultivo del azúcar ha moldeado países y paisajes enteros, más que ninguno Cuba o la isla de Java, en Indonesia. Sin la colonia española en las Antillas, que llegó a ser la primera exportadora mundial, no se entendería que a día de hoy el mayor conglomerado empresarial del sector, la American Sugar Refining (ASR Group), esté en manos de dos hermanos de apellido Fanjul, de origen cubano y de antepasados asturianos.
“El azúcar fue al siglo XIX lo que el petróleo ha sido para el XX”, sentencia Ulbe Bosma, historiador neerlandés y autor de Azúcar. Una historia de la civilización humana (Ariel), que ha visitado estos días Barcelona. “En términos de comercio internacional, el azúcar fue la materia prima más importante del siglo XIX, la exportación más valiosa del hemisferio sur”.
Más que el café, el algodón o cualquier otro producto de las colonias, añade Bosma, este cristal granulado –tanto el moreno como el blanco– ha llevado de cabeza a magnates y jefes de gobierno, ha desatado guerras comerciales y arancelarias, alargó la vida el esclavismo e incluso fomentó invasiones. Y todo por un alimento que ni siquiera es un bien de primera necesidad y que floreció durante siglos como artículo de lujo, pero que ha acabado colándose en todos los hogares en cantidades nada saludables.
Durante siglos la humanidad pasó sin él, pero la revolución industrial lo convirtió en un “proveedor de calorías” para la clase obrera, en palabras de Bosma. Aunque sus perjuicios los intuyeron los médicos de Isabel I de Inglaterra ya en el siglo XVI, al ver sus dientes negros repletos de caries, así como los científicos que en 1845 publicaron en The Lancet su relación con la obesidad y la diabetes, nada de ello ha impedido que la industria y el consumo sigan creciendo.
“Hace 300 años incluso en los países más ricos no ingerían más de 2 o 3 kilos de azúcar al año por habitante”, apunta Bosma. Actualmente, un europeo ingiere de media 40 kilos de azúcar al año, el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Todo empezó en Asia
La historia del azúcar granulado se remonta aproximadamente a hace 2.500 años en el norte de India, donde hay referencias a la palabra sánscrita sakkara. En India fueron pioneros a la hora extraer el jugo de los tallos y convertirlo en una pasta dulce llamada gur, una suerte de azúcar muy poco refinado que se convirtió rápidamente en moneda de cambio y que hoy se sigue consumiendo en países vecinos como Pakistán o Bangladesh. Hacia el fin del primer milenio, el azúcar blanco era conocido casi en toda Asia. “Todavía pasaron un par de siglos antes de que se convirtiera un artículo comercial dentro de las incipientes economías capitalistas de Eurasia”, señala Bosma.Azúcar hirviendo en Punjab, Pakistán, 2010. En todo el sur de Asia, los agricultores siguen fabricando su propio azúcar sin refinar.
La clave del refinamiento del azúcar, añade el historiador, es que el procesado permitió que un producto que se pudría en cuestión de semanas llegara a perdurar en el tiempo. “De ahí que el azúcar fuera tan importante en el origen del capitalismo, porque se convirtió en una materia prima que se podía comercializar a largo plazo”, explica Bosma, que añade que inicialmente se pagaba en oro.
Del curso del Ganjes a Turkmenistán y desde el Nilo a la península ibérica, las rutas del azúcar florecieron a partir de los siglos V y VI y acabarían asombrando a exploradores como Ibn Batutta o Marco Polo. Propio de climas tropicales, su cultivo fue durante siglos ajeno a Europa. Aunque hubo excepciones, como el cinturón azucarero de València o algunas plantaciones en Granada durante el reinado musulmán andalusí. “Fue una importante fuente de ingresos para los constructores de la magnífica Alhambra”, sostiene Bosma.
Del esclavismo a Manuel Rionda
La expansión de los cañaverales azucareros y las fábricas de procesado fue progresiva en territorios e islas del trópico del planeta, desde Taiwán a Madeira y de Java a las Antillas, con lo que favoreció a las potencias coloniales. “Para Francia, Inglaterra y Holanda, en el siglo XVIII aproximadamente el azúcar suponía un 2 o 3% de sus ingresos nacionales”, examina Bosma. “Un comercio que estaba basado en el trabajo esclavo”, añade.De los cerca de 12 millones de africanos que fueron capturados y enviados a las colonias atlánticas para trabajos forzados, se estima que entre la mitad y un tercio acabaron en plantaciones azucareras. Cuba, que llegó a producir tanto como todas las islas británicas y francesas del Caribe juntas, fue el mayor exponente de ello. La hipótesis de Bosma, de hecho, es que la esclavitud no se abolió antes porque el negocio azucarero seguía adicto a la mano de obra forzada de sus campos.
“A pesar de la industrialización de los ingenios, la cosecha del azúcar seguía siendo extremadamente laboriosa; si no, la esclavitud hubiera acabado en Cuba antes de 1886; en Brasil antes de 1888 y en Louisiana antes de 1865. Esta es mi teoría”, argumenta el autor.
Adolphe Duperly, «Destruction of the Roehampton Estate January during Baptist War in Jamaica» (1833)/Wikimedia Commons. El día de Navidad de 1831, los esclavizados jamaicanos empezaron a incendiar las plantaciones y las mansiones de los plantadores.
Entre las familias de la burguesía azucarera cubana que se beneficiaron del esclavismo, una de las más conocidas fueron los Goytisolo, de Barcelona. Pero otra saga familiar, que se enriqueció en su caso tras el fin de la esclavitud, fue la que empezó el asturiano Manuel Rionda. Más comerciante que productor, con base entre Cuba y Nueva York, su alianza con el mayor intermediario del mundo, de apellido Czarnikow, acabó situándole en la cúspide del universo azucarero hacia principios del siglo XX.
Años después, al frente de la bautizada como American Sugar Refining, sus descendientes vieron como la revolución castrista los despojaba de sus activos en Cuba, pero lograron reubicarse en Florida y remontar su negocio de nuevo hasta la cima. Los hermanos José y Alfonso Fanjul son actualmente las caras visibles de ese imperio. Amigos del exrey Juan Carlos –lo acogieron en República Dominicana cuando se marchó de España en 2020–, son además conocidos en Estados Unidos porque uno apoya y financia al Partido Demócrata y el otro, al Partido Republicano.
El ex rey Juan Carlos y el presidente dominicano, Danilo Medina, conversan con los hermanos Alfonso Fanjúl y José Fanjúl, a la derecha, en mayo de 2015, en un encuentro empresarial en República Dominicana
Con la importancia del Caribe para las exportaciones a Estados Unidos, también el azúcar fue causa de intervenciones militares, igual que lo serían los intereses de compañías norteamericanas con un largo historial de violencia y golpes de Estado como la United Fruit Company. “Quizás fue a una escala más pequeña que la del petróleo en la revolución de Irán contra Mosaddeq en los 50, pero todo lo que ocurrió en Cuba políticamente estuvo relacionado con el azúcar”, señala el historiador.
Un buen ejemplo del intervencionismo fue en Santo Domingo, donde las empresas norteamericanas encontraron a principios del siglo XX extensión suficiente para cultivar la caña que luego refinaban en Puerto Rico e importaban libre de impuestos. Sin embargo, los campesinos se rebelaron contra el arrebatamiento de tierras y acabaron incendiando varias fincas, una de ellas vinculada a la prominente familia Havemeyer. Aquello provocó el desembarco de los marines estadounidenses y la ocupación de la isla.
A lo largo del libro, Bosma repasa todos hitos de la industria azucarera. Desde la irrupción del azúcar de remolacha a mediados del siglo XIX (que convirtió el continente europeo en potencia productora) hasta los nuevos edulcorantes artificiales. También el papel de los Estados a la hora de favorecer el sector, bien a través de inversiones en infraestructuras clave (como los ferrocarriles de las colonias), bien con subsidios y aranceles. De hecho, a día de hoy el del azúcar sigue sin ser un mercado libre, con cuotas en muchos países (la Unión Europea las retiró en 2017). Los mayores productores actualmente son Brasil, India, la UE y Tailandia.
En la actualidad son un puñado de grandes conglomerados, que incluyen el de los Fanjul y la alemana Südzucker o la británica Associated British Foods, los controlan un mercado de 335.000 agricultores y 40.000 obreros. Un volumen industrial y de negocio que le hace pensar a Bosma que no será fácil que la sacarosa regrese a su papel inicial en el mercado: un artículo de lujo que lo mantenga alejado de las elevadas tasas de obesidad del mundo.
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#^Una serie de empresas fantasma compra prestigiosas revistas científicas para lucrarse publicando artículos dudosos
Varias publicaciones españolas han caído en la última trampa en este sector editorial: misteriosos inversores las adquieren para luego inundarlas de 'papers' sin controles de calidad a la vez que multiplican el coste de publicación a los científicos; algunas han sido expulsadas de los 'rankings' por mala praxis ¿El mejor negocio del mundo? Las editoriales científicas disparan los precios y multiplican su facturación
La revista Comunicar llegó a estar entre el 10% de las mejores del mundo en su rama. Todo un hito inédito entonces para una publicación española, que había llegado donde nunca lo había hecho antes una revista española: ser una referencia dentro de su campo en el disputado (y rentabilísimo) mundo científico-editorial, una jungla en la que cientos, miles de revistas pelean por llegar a la cima en cada rama del conocimiento para publicar los mejores estudios. En 2023, una compañía prácticamente desconocida en el sector, Oxbridge Publishing House, compró la revista. Un año después Comunicar fue expulsada de las principales bases de datos del mundo por sospechas en su proceder, lo que supone su muerte civil. Del todo a la nada en apenas 12 meses.
No es el único caso del mismo estilo. Se está produciendo un movimiento sutil en el sector científico-editorial con el mismo modus operandi que arrasó a Comunicar, según explican Alberto Martín Martín y Emilio Delgado López-Cózar, documentalistas en la Universidad de Granada: una editorial con poco o ningún nombre compra una revista de éxito y empiezan a realizar prácticas dudosas –multiplicar las publicaciones que realiza, instaurar un modelo de pago o elevar las tarifas si ya existe– para generar negocio y, en ocasiones, acaba siendo víctima de sus políticas y desapareciendo.
Los investigadores han recogido sus hallazgos en el recién publicado artículo La invasión de los ladrones de revistas. “Desde 2020 esta red ha adquirido, con la ayuda de empresas intermediarias, al menos 30 revistas académicas publicadas originalmente en países como España (5), Reino Unido (5), Estados Unidos (5), India (3), Turquía (3), entre otros. Las revistas seleccionadas están indexadas en prestigiosas bases de datos científicas como Web of Science y Scopus”, describen.
En vez adquiridas las revistas, continúan Martín y Delgado en su estudio, “estas entidades aplican rápidamente transformaciones significativas, como la introducción o el aumento sustancial de las tasas de procesamiento (APC, el dinero que pagan los investigadores para que se publiquen sus artículos con acceso abierto a todo el mundo) junto con un aumento sin precedentes del volumen de publicaciones. Este crecimiento se debe tanto a la afluencia de contribuciones ajenas a la comunidad académica original, como por la publicación de artículos sobre temas que se salen del ámbito de la revista. (...) Después de abandonar los estándares académicos adecuados, la función principal de estas revistas pasa de fomentar el discurso académico a servir como granjas de APC para sus propietarios”.
Por el momento los investigadores de la UGR han documentado 36 casos, varios de ellos de publicaciones españolas (Cuadernos de Economía, Revista Comunicar, Profesional de la Información, Revista de Psicología del Deporte, Artseduca y la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física del Deporte) y otros muchos intentos en forma de ofertas que no fueron atendidas. El problema, explican ambos documentalistas, no es solo del sector editorial, que también: afectará a los investigadores que querían publicar en estos medios e incluso habrá dejado a algunos atrapados en mitad de todo este proceso. Personas que enviaron una propuesta de artículo y que, en el proceso de aceptación del texto, ven cómo la revista ha dejado de tener valor para publicar en ella.
“Lo que queremos con este trabajo es desvelar la trama, describir el proceso y analizar los cambios que se están produciendo”, explica Martín. Subidas de precios, opacidad y oscurantismo con los equipos editoriales, DOIs falsos (el identificador único que tiene cada artículo), desembarco masivo y repentino de autores extranjeros o publicación de artículos no relacionados con el área de la revista son algunas de las prácticas habituales detectadas por los documentalistas, unas maneras de proceder que remiten a las conocidas como editoriales depredadoras o incluso las fábricas de artículos. “Es una monetización extrema”, resume Delgado.
Algo similar, pero más limitado y referido solo a un puñado de revistas españolas, hicieron Álvaro Cabezas Clavijo, Rafael Repiso Caballero, y Ángel M. Delgado Vázquez en Fuga de revistas: el caso de ArtsEduca y de otras revistas españolas de Ciencias Sociales. En este caso, los investigadores de las universidades Internacional de La Rioja, de Málaga y la Pablo de Olavide de Sevilla sostienen que “la hipótesis más plausible es que esta revista ha pasado a ser controlada por un grupo empresarial que negocia paquetes de publicaciones, y que estos autores se encuentran inmersos en redes donde se le facilita la publicación fácil a cambio de dinero”.
En este chalet cerca de Birmingham, Inglaterra, tienen su sede al menos cuatro editoriales sospechosas.
Entre ellas está Oxbridge Publishing House, la compañía que adquirió Cuadernos y otras revistas y que levanta las sospechas de Delgado y Martín. Todo lo que rodea a esta compañía es sospechoso a los ojos de los dos investigadores, desde su nombre, que remite a las prestigiosas universidades británicas de Oxford y Cambridge sin tener relación alguna con ellas hasta su aparente conexión con otras empresas del sector y de la sede que comparten (mismos empleados, como Muhammad Hasseb o Nira Hariyatie Hartani, nombres que aparecen también en diversos consejos editoriales de publicaciones, material idéntico en sus webs) pasando por el hecho de que ninguno de los dos, expertos en revistas, habían oído hablar de ella con anterioridad.
“El número 62 de Bernards Rd es el síntoma de un sistema en corrupción, cada vez más orientado al negocio”, escriben los autores. El bibliotecario jubilado Jeffrey Beall explicó en su momento que el objetivo de este tipo de maniobras era “no solo comprar revistas, sino también métricas e indexación”, como los factores de impacto de las revistas y la inclusión en las listas Scopus y PubMed, de referencia en el sector, “con el fin de buscar legitimidad”.
Para una revista, salir de las bases de datos es una estocada casi mortal, al menos si aspira a estar en ellas. Tradicionalmente, a los científicos se les premia por publicar en revistas prestigiosas. Cuanto más alto estén en los rankings, mejor para los autores. Este simple axioma, resumido en el famoso “publicar o morir” que rige la carrera investigadora (aunque muchos países, como España, están haciendo esfuerzos para salir de esa lógica), sería la justificación para que estas empresas estén comprando revistas de prestigio, como explicaba el bibliotecario Beall y aventuran también Martín y Delgado. Una vez adquirido el bien de deseo, sugieren los investigadores, se intenta exprimir el producto al máximo.
Hay varias maneras para ello. Las más obvias, describe el artículo, son introducir un coste por publicar artículos o elevarlo cuando ya existe. Esto es posible gracias al sistema de publicación de ciencia en las revistas. La idea (de las editoriales, que han conseguido implantar esa política en todo el mundo salvo algunos casos) es que alguien tiene que pagarles por publicar. Tradicionalmente eso había correspondido a los lectores interesados, que se suscribían a las revistas para leer los artículos. Pero ese método tenía límites evidentes: las suscripciones eran caras e impedían a mucha gente acceder a los textos.
Problema-solución, el sistema abrió otra puerta hace años: en vez de pagar por leer, se pagaría por publicar en abierto. Así nacieron los llamados APC (article proccesing charges), por los que eran los investigadores quienes costeaban la publicación a cambio de que esta fuera en abierto, para todo el mundo. El negocio es redondo para las editoriales en cualquiera de los casos (ambos conviven, según la revista): los estados (normalmente) financian las investigaciones, otros científicos las revisan por amor al arte y ellas apenas las maquetan y publican, un modelo que deja beneficios milmillonarios a las editoriales.
También, continúa el estudio, ha habido cambios notables en quién publica en estas revistas y cuánto. El aumento de las publicaciones no necesita mucha explicación: al cobrar por artículo, cuántos más se incluyan en una revista más facturará la empresa dueña. Un ejemplo de esta práctica es Comunicar, una revista que solía publicar 10 artículos y en el primer número desde su adquisición duplicó esa cifra hasta 20, según el estudio.
Respecto a las nacionalidades de los autores, la investigación de Martín y Delgado explica que para ciertas revistas lo habitual es que sean los investigadores de ese país los que más publican, una tendencia que se ha invertido en muchos de los casos analizados. El más extremo es la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que ha pasado de tener un 90% de autores españoles a un 13%. Artseduca tenía un 51% y hoy es un 8%, Cuadernos de Economía ha pasado del 68% al 6%.
A este cambio se añade otra circunstancia sospechosa. La mayoría de los nuevos autores provienen de países como China, Indonesia, Irak, Tailandia o Arabia Saudí, naciones que se vinculan con malas prácticas, como la compra-venta de autorías o las llamadas fábricas de artículos (paper mills, en inglés). Como explica un “decepcionado” miembro del consejo editorial de una de estas publicaciones, que prefiere mantener el anonimato, desde que fue adquirida “la revista está aceptando trabajos de dudosa calidad de ciertos países famosos por sus malas prácticas”.
Otros movimientos cuestionables –según el estudio de Martín y Delgado– que están realizando estas revistas son la inclusión de artículos de temáticas no relacionadas con la especialidad de la revista, como publicar un texto llamado Revisión de los procesos de seguimiento y evaluación de las prácticas de buena gobernanza en Sudáfrica en una revista de nombre Kurdish Studies (Estudios kurdos), otra de las recientemente adquiridas por empresas dudosas, o cambios en los equipos editoriales que no se notifican o no se actualizan en las webs.
Esta última práctica es la que se ha llevado a cabo con la revista española Cuadernos de Economía. Oxbridge adquirió la publicación, y tras una serie de malas prácticas el anterior equipo editorial se desvinculó de ella. Pero la nueva propietaria no sacó sus nombres de la web pese a que los afectados se lo han pedido incluso por burofax, según confirma su anterior director, Joan Hortalà, que aún aparece como responsable de la revista contra su voluntad.
Alertan Martín y Delgado de que “este fenómeno suscita preocupaciones críticas sobre el estado general de la comunicación académica, con especial énfasis en los desafíos a los que se enfrentan las revistas independientes y pequeñas”. Por un lado, explican, está el peligro de que este tipo de empresas operen durante largos períodos de tiempo sin ser detectadas. Por otro, destacan “la escasez de recursos a la que se enfrentan a diario muchas revistas pequeñas, incluso aquellas que logran el éxito y el reconocimiento dentro de sus comunidades, una escasez que las vuelve vulnerables a ”la perspectiva de una compensación económica tras años de gestión de la revista, a menudo con escaso reconocimiento“.
Varias publicaciones españolas han caído en la última trampa en este sector editorial: misteriosos inversores las adquieren para luego inundarlas de 'papers' sin controles de calidad a la vez que multiplican el coste de publicación a los científicos; algunas han sido expulsadas de los 'rankings' por mala praxis ¿El mejor negocio del mundo? Las editoriales científicas disparan los precios y multiplican su facturación
La revista Comunicar llegó a estar entre el 10% de las mejores del mundo en su rama. Todo un hito inédito entonces para una publicación española, que había llegado donde nunca lo había hecho antes una revista española: ser una referencia dentro de su campo en el disputado (y rentabilísimo) mundo científico-editorial, una jungla en la que cientos, miles de revistas pelean por llegar a la cima en cada rama del conocimiento para publicar los mejores estudios. En 2023, una compañía prácticamente desconocida en el sector, Oxbridge Publishing House, compró la revista. Un año después Comunicar fue expulsada de las principales bases de datos del mundo por sospechas en su proceder, lo que supone su muerte civil. Del todo a la nada en apenas 12 meses.
No es el único caso del mismo estilo. Se está produciendo un movimiento sutil en el sector científico-editorial con el mismo modus operandi que arrasó a Comunicar, según explican Alberto Martín Martín y Emilio Delgado López-Cózar, documentalistas en la Universidad de Granada: una editorial con poco o ningún nombre compra una revista de éxito y empiezan a realizar prácticas dudosas –multiplicar las publicaciones que realiza, instaurar un modelo de pago o elevar las tarifas si ya existe– para generar negocio y, en ocasiones, acaba siendo víctima de sus políticas y desapareciendo.
Los investigadores han recogido sus hallazgos en el recién publicado artículo La invasión de los ladrones de revistas. “Desde 2020 esta red ha adquirido, con la ayuda de empresas intermediarias, al menos 30 revistas académicas publicadas originalmente en países como España (5), Reino Unido (5), Estados Unidos (5), India (3), Turquía (3), entre otros. Las revistas seleccionadas están indexadas en prestigiosas bases de datos científicas como Web of Science y Scopus”, describen.
Después de abandonar los estándares académicos adecuados, la función principal de estas revistas pasa de fomentar el discurso académico a servir como granjas de APC para sus propietarios
En vez adquiridas las revistas, continúan Martín y Delgado en su estudio, “estas entidades aplican rápidamente transformaciones significativas, como la introducción o el aumento sustancial de las tasas de procesamiento (APC, el dinero que pagan los investigadores para que se publiquen sus artículos con acceso abierto a todo el mundo) junto con un aumento sin precedentes del volumen de publicaciones. Este crecimiento se debe tanto a la afluencia de contribuciones ajenas a la comunidad académica original, como por la publicación de artículos sobre temas que se salen del ámbito de la revista. (...) Después de abandonar los estándares académicos adecuados, la función principal de estas revistas pasa de fomentar el discurso académico a servir como granjas de APC para sus propietarios”.
Por el momento los investigadores de la UGR han documentado 36 casos, varios de ellos de publicaciones españolas (Cuadernos de Economía, Revista Comunicar, Profesional de la Información, Revista de Psicología del Deporte, Artseduca y la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física del Deporte) y otros muchos intentos en forma de ofertas que no fueron atendidas. El problema, explican ambos documentalistas, no es solo del sector editorial, que también: afectará a los investigadores que querían publicar en estos medios e incluso habrá dejado a algunos atrapados en mitad de todo este proceso. Personas que enviaron una propuesta de artículo y que, en el proceso de aceptación del texto, ven cómo la revista ha dejado de tener valor para publicar en ella.
“Lo que queremos con este trabajo es desvelar la trama, describir el proceso y analizar los cambios que se están produciendo”, explica Martín. Subidas de precios, opacidad y oscurantismo con los equipos editoriales, DOIs falsos (el identificador único que tiene cada artículo), desembarco masivo y repentino de autores extranjeros o publicación de artículos no relacionados con el área de la revista son algunas de las prácticas habituales detectadas por los documentalistas, unas maneras de proceder que remiten a las conocidas como editoriales depredadoras o incluso las fábricas de artículos. “Es una monetización extrema”, resume Delgado.
Algo similar, pero más limitado y referido solo a un puñado de revistas españolas, hicieron Álvaro Cabezas Clavijo, Rafael Repiso Caballero, y Ángel M. Delgado Vázquez en Fuga de revistas: el caso de ArtsEduca y de otras revistas españolas de Ciencias Sociales. En este caso, los investigadores de las universidades Internacional de La Rioja, de Málaga y la Pablo de Olavide de Sevilla sostienen que “la hipótesis más plausible es que esta revista ha pasado a ser controlada por un grupo empresarial que negocia paquetes de publicaciones, y que estos autores se encuentran inmersos en redes donde se le facilita la publicación fácil a cambio de dinero”.
Un chalet, cuatro empresas
El número 62 de Bernards Road, en Solihull, un pequeño municipio inglés en las afueras de Birmingham, es un chalet unifamiliar de ladrillo visto exactamente igual que el resto de edificios de la misma calle. Nada lo distingue desde fuera de los otros inmuebles. Mismo pequeño jardín, mismo murete perimetral que no tapa nada y mismas rejas de hierro forjado rodeando el perímetro. Pero el número 62 de Bernards Rd tiene algo que lo diferencia de sus vecinos: es la sede de cuatro editoriales de revistas científicas, que teóricamente se apelotonan entre sus paredes.En este chalet cerca de Birmingham, Inglaterra, tienen su sede al menos cuatro editoriales sospechosas.
Entre ellas está Oxbridge Publishing House, la compañía que adquirió Cuadernos y otras revistas y que levanta las sospechas de Delgado y Martín. Todo lo que rodea a esta compañía es sospechoso a los ojos de los dos investigadores, desde su nombre, que remite a las prestigiosas universidades británicas de Oxford y Cambridge sin tener relación alguna con ellas hasta su aparente conexión con otras empresas del sector y de la sede que comparten (mismos empleados, como Muhammad Hasseb o Nira Hariyatie Hartani, nombres que aparecen también en diversos consejos editoriales de publicaciones, material idéntico en sus webs) pasando por el hecho de que ninguno de los dos, expertos en revistas, habían oído hablar de ella con anterioridad.
“El número 62 de Bernards Rd es el síntoma de un sistema en corrupción, cada vez más orientado al negocio”, escriben los autores. El bibliotecario jubilado Jeffrey Beall explicó en su momento que el objetivo de este tipo de maniobras era “no solo comprar revistas, sino también métricas e indexación”, como los factores de impacto de las revistas y la inclusión en las listas Scopus y PubMed, de referencia en el sector, “con el fin de buscar legitimidad”.
El tiro por la culata
Pero la operación puede acabar saliendo rana, porque muchas de las revistas que adquiridas por estas empresas en los últimos años han sido expulsadas de las bases de datos que ordenan el sector antes de que les haya dado tiempo a dar beneficios. Según la investigación de Martín y Delgado, 17 de las 36 revistas compradas por empresas sospechosas estuvieron en algún momento indexadas en la Web of Science Core Collection y todas ellas aparecían en Scopus, dos de las referencias del sector. De las 17 de Web of Science, expone el artículo, 10 se han sacado de las listas; el mismo camino han seguido ocho en Scopus. Entre las razones citadas para estas expulsiones están “problemas de publicación” (seis revistas) y “RADAR” (un algoritmo de análisis que identifica resultados atípicos).Para una revista, salir de las bases de datos es una estocada casi mortal, al menos si aspira a estar en ellas. Tradicionalmente, a los científicos se les premia por publicar en revistas prestigiosas. Cuanto más alto estén en los rankings, mejor para los autores. Este simple axioma, resumido en el famoso “publicar o morir” que rige la carrera investigadora (aunque muchos países, como España, están haciendo esfuerzos para salir de esa lógica), sería la justificación para que estas empresas estén comprando revistas de prestigio, como explicaba el bibliotecario Beall y aventuran también Martín y Delgado. Una vez adquirido el bien de deseo, sugieren los investigadores, se intenta exprimir el producto al máximo.
La Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ha pasado de tener un 90% de autores españoles a un 13%. Artseduca tenía un 51% y hoy es un 8%, Cuadernos de Economía ha pasado del 68% al 6%
Hay varias maneras para ello. Las más obvias, describe el artículo, son introducir un coste por publicar artículos o elevarlo cuando ya existe. Esto es posible gracias al sistema de publicación de ciencia en las revistas. La idea (de las editoriales, que han conseguido implantar esa política en todo el mundo salvo algunos casos) es que alguien tiene que pagarles por publicar. Tradicionalmente eso había correspondido a los lectores interesados, que se suscribían a las revistas para leer los artículos. Pero ese método tenía límites evidentes: las suscripciones eran caras e impedían a mucha gente acceder a los textos.
Problema-solución, el sistema abrió otra puerta hace años: en vez de pagar por leer, se pagaría por publicar en abierto. Así nacieron los llamados APC (article proccesing charges), por los que eran los investigadores quienes costeaban la publicación a cambio de que esta fuera en abierto, para todo el mundo. El negocio es redondo para las editoriales en cualquiera de los casos (ambos conviven, según la revista): los estados (normalmente) financian las investigaciones, otros científicos las revisan por amor al arte y ellas apenas las maquetan y publican, un modelo que deja beneficios milmillonarios a las editoriales.
De cero a 3.000 euros
Esto ha sucedido en varias de las revistas analizadas por los documentalistas de la UGR. En casi la mitad de ellas antes no había APC y ahora sí, revela el estudio. En otras el precio por publicar ha subido. Algunas cobran diferente en función de la nacionalidad del autor (2.500 libras –unos 3.000 euros– a españoles y brasileños, 5.000 al resto en la Revista de Psicología del Deporte, por ejemplo, que antes costaba 300 euros). La española Artseduca ha pasado de no cobrar a pedir 2.000 libras por artículo.También, continúa el estudio, ha habido cambios notables en quién publica en estas revistas y cuánto. El aumento de las publicaciones no necesita mucha explicación: al cobrar por artículo, cuántos más se incluyan en una revista más facturará la empresa dueña. Un ejemplo de esta práctica es Comunicar, una revista que solía publicar 10 artículos y en el primer número desde su adquisición duplicó esa cifra hasta 20, según el estudio.
La mayoría de los nuevos autores provienen de países como China, Indonesia, Irak, Tailandia o Arabia Saudí, naciones que se vinculan con malas prácticas, como la compra-venta de autorías o las llamadas fábricas de artículos
Respecto a las nacionalidades de los autores, la investigación de Martín y Delgado explica que para ciertas revistas lo habitual es que sean los investigadores de ese país los que más publican, una tendencia que se ha invertido en muchos de los casos analizados. El más extremo es la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que ha pasado de tener un 90% de autores españoles a un 13%. Artseduca tenía un 51% y hoy es un 8%, Cuadernos de Economía ha pasado del 68% al 6%.
A este cambio se añade otra circunstancia sospechosa. La mayoría de los nuevos autores provienen de países como China, Indonesia, Irak, Tailandia o Arabia Saudí, naciones que se vinculan con malas prácticas, como la compra-venta de autorías o las llamadas fábricas de artículos (paper mills, en inglés). Como explica un “decepcionado” miembro del consejo editorial de una de estas publicaciones, que prefiere mantener el anonimato, desde que fue adquirida “la revista está aceptando trabajos de dudosa calidad de ciertos países famosos por sus malas prácticas”.
Otros movimientos cuestionables –según el estudio de Martín y Delgado– que están realizando estas revistas son la inclusión de artículos de temáticas no relacionadas con la especialidad de la revista, como publicar un texto llamado Revisión de los procesos de seguimiento y evaluación de las prácticas de buena gobernanza en Sudáfrica en una revista de nombre Kurdish Studies (Estudios kurdos), otra de las recientemente adquiridas por empresas dudosas, o cambios en los equipos editoriales que no se notifican o no se actualizan en las webs.
Esta última práctica es la que se ha llevado a cabo con la revista española Cuadernos de Economía. Oxbridge adquirió la publicación, y tras una serie de malas prácticas el anterior equipo editorial se desvinculó de ella. Pero la nueva propietaria no sacó sus nombres de la web pese a que los afectados se lo han pedido incluso por burofax, según confirma su anterior director, Joan Hortalà, que aún aparece como responsable de la revista contra su voluntad.
“El motivo es generar beneficios”
Todos estos fenómenos juntos llevan a los autores a concluir que “las prácticas descritas, combinadas con la introducción o el aumento sistemático de las tasas de publicación, sugieren claramente que el principal motivo para adquirir estas revistas es generar beneficios, a menudo a expensas de las normas de publicación. (...) Se puede afirmar que, al menos en el caso de algunas de estas revistas, su misión original de fomentar el discurso académico se pierde tras la transición, sustituida por motivos lucrativos y caracterizada por un descenso del nivel de las publicaciones”.Alertan Martín y Delgado de que “este fenómeno suscita preocupaciones críticas sobre el estado general de la comunicación académica, con especial énfasis en los desafíos a los que se enfrentan las revistas independientes y pequeñas”. Por un lado, explican, está el peligro de que este tipo de empresas operen durante largos períodos de tiempo sin ser detectadas. Por otro, destacan “la escasez de recursos a la que se enfrentan a diario muchas revistas pequeñas, incluso aquellas que logran el éxito y el reconocimiento dentro de sus comunidades, una escasez que las vuelve vulnerables a ”la perspectiva de una compensación económica tras años de gestión de la revista, a menudo con escaso reconocimiento“.
arbocenc 🇯🇴
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#^Cómo fabricar votantes de Vox, caso práctico: el palacete y los inquiokupas
Nada de lo que ha ocurrido en España en la última década, tampoco el caso del “palacete” que se devolverá al PNV, se explica sin entender esa burbuja mediática madrileña que pronosticó el triunfo de Susana Díaz en las primarias del PSOE, patrocinó a Albert Rivera y vaticina cada semana el fin del sanchismo Todo lo que dijo el PP sobre el palacete del PNV en París para justificar su voto en contra del decreto que ahora apoyará
Resulta muy difícil comprender la política española desde el extrarradio (hablemos claro, todo lo que no sea Madrid) sin asumir antes cómo funciona el ecosistema mediático, político y económico de la capital. Pero lo que se antoja imposible, a la vista de todo lo que ha sucedido durante la última década en España, es que la burbuja madrileña, donde se mezclan todos los poderes posibles, comprenda que sus obsesiones no tienen por qué ser las de todo el país.
¿Cómo explicar si no, que entre esas élites madrileñas, que presumen de manejar todas las claves del país, nadie viera venir la eclosión de Podemos en 2014?
¿Que dieran por hecha -algún presunto director de periódico de la época aún sigue lamentándose cada mañana- la victoria de Susana Díaz sobre Pedro Sánchez en las primarias del PSOE?
¿Alguien entiende que el IBEX y su prensa más obediente pusiesen todas las fichas -y bastante dinero, hay banqueros que incluso reconocieron públicamente que esa era su apuesta- en la casilla de Ciudadanos y Albert Rivera?
¿Y que en las generales de 2023 la unanimidad de la prensa conservadora anticipase un Gobierno de Feijóo e incluso algún sociólogo de cabecera se atreviera a pronosticar el mes exacto en que Sánchez dejaría de ser líder del PSOE?
¿Alguna explicación para que todos esos titulares y tertulias lleven llamando mayoría Frankestein a la suma de partidos que hicieron presidente a Sánchez desde 2018 y no quisieran oler el desastre de coaliciones que formaron PP y Ciudadanos primero y últimamente las que los populares sellaron con Vox, hoy rotas en todas las autonomías?
Después de todos esos presagios fallidos, la cámara de eco de la capital ha estipulado que a Pedro Sánchez le quedan dos telediarios porque ningún gobierno, y menos uno con esa aritmética en el Congreso tan precaria, puede soportar el ambiente irrespirable que esa misma prensa, con la ayuda de algunos jueces y fiscales, contribuyen a generar cada día.
Alberto Núñez Feijóo acostumbraba a repetir en Galicia, aposentado sobre sus confortables mayorías absolutas, que convenía “huir del ruido de Madrid”. Y sin embargo ahora que lleva dos años al frente de la megafonía capitalina, todos los decibelios le parecen pocos. Cualquiera que haya seguido de cerca la trayectoria durante las últimas dos décadas del actual líder del PP puede concluir que la diferencia fundamental entre su etapa gallega y madrileña es que al frente de la Xunta, con sus generosos presupuestos públicos para publicidad institucional, él mandaba sobre los medios conservadores. Hoy, en cambio, les obedece. Y les teme. (No está claro que se los crea, en Santiago desde luego no lo hacía). Y mezclado con lo anterior, el segundo gran elemento que explica el antes y después de Feijóo se llama Vox, la amenaza por la derecha que nunca le acechó en su tierra.
Feijóo y sus asesores han asumido ya que cualquier tentación de intentar mostrarse como un líder centrista, como reivindicaba -con más palabras que hechos- desde la Xunta, propiciará furibundas homilías mañaneras, amén de tertulias y titulares amenazantes.
En su gabinete no olvidan aquella primera vez que estuvo a punto de pactar la renovación del Poder Judicial con Sánchez y Federico Jiménez Losantos le recordó que no se le había traído a Madrid para eso, mientras el periódico en el que escribe le enseñaba la cabeza de caballo con el combo completo de portada y editorial el mismo día.
El Feijóo de la era postCasado no hace lo que cree -o lo que lleva diciendo toda la vida que cree- por temor a que ese “ruido madrileño” que tanto abominaba constituya más gasolina para Vox. Y, sin embargo, no hay nada que engorde más a la extrema derecha española que seguir los postulados de la cápsula político-mediática de la corte.
El último ejemplo es la gestión política que acaba de hacer el PP sobre el famoso “palacete” de París y las conclusiones que puede dejar el asunto del decreto para un votante de derechas.
Vayamos a los antecedentes: la primera noticia sobre las negociaciones para devolver la histórica sede del Gobierno vasco en el exilio de París la publicó este mismo diario el pasado 24 de diciembre. La firmaba nuestra compañera Belén Ferreras y la información, tal vez por ser víspera de Navidad, quizás porque no estaba enfocada al gusto de la burbuja mediática conservadora, pasó inadvertida. No fue hasta la vuelta de las vacaciones cuando el PP y su prensa más afecta quisieron hacer de la devolución al PNV -de un inmueble incautado por la Gestapo y entregado a la dictadura de Franco- uno de esos escándalos nacionales que la derecha necesita cada semana.
Durante días fue el único argumento esgrimido por los populares para justificar su voto contrario al llamado decreto ómnibus, un cajón de sastre de normas, muy parecido a los que aprobaba Feijóo en Galicia, sigue sacando adelante Ayuso en Madrid y propician tantos otros gobernantes en todas partes. En ese batiburrillo de leyes cabía desde la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, las ayudas a Valencia por la DANA, la prórroga de las ayudas al transporte público, una extensión del escudo para proteger a las familias vulnerables de los desahucios y asuntos económicos variados, entre ellos bonificaciones para la compra de vehículos eléctricos.
El decreto contenía medio centenar de medidas pero el PP, con su hiperactivo portavoz, Miguel Tellado, al frente, y sus aliados mediáticos machacaron con el asunto del palacete (el mismo cuya devolución había negociado con el PNV el Gobierno de Rajoy hasta que fue desalojado del poder en 2018) no solo suponía un chantaje al conjunto del país, directamente implicaba tomar como rehenes a todos y cada uno de los pensionistas e incluso a los viajeros en tren. El monotema no fue solo mercancía para Tellado y los más cafeteros, el supuestamente templado Borja Sémper llegó a decir que para su partido ceder el edificio de París constituye un “escándalo ético y moral” (sic).
Como anticipaba esa catarata de declaraciones, el PP decidió votar en contra del decreto junto al partido de Puigdemont y Vox. No era la única opción que tenía Feijóo. Con Junts instalado en el no, el líder del PP tenía la oportunidad de desbloquear el decreto y presentarse como salvador ante 12 millones de pensionistas y evidenciar de paso la fragilidad parlamentaria del Gobierno metiendo otra cuña entre los socialistas y Puigdemont a las puertas de una negociación presupuestaria clave para el futuro del Gobierno. Hasta podría haber aprovechado para reconciliarse un poco con ese PNV al que antes o después va a necesitar y con el que hoy tiene todos los puentes rotos.
En lugar de eso, Feijóo, Tellado y su ejército de tertulianos eligieron hacer casus belli con el palacete para infligir una nueva derrota parlamentaria al Gobierno. Casi definitiva, escribieron algunos cronistas de la corte. Aun a riesgo de arruinar medidas hipersensibles para amplios sectores de la población, el PP anunció a los cuatro vientos que votaría en contra del decreto. Incluida la revalorización de las pensiones (en esto los populares son reincidentes y Feijóo lo recuerda bien porque negar esa evidencia en TVE fue una de las razones de su desplome en la última semana de campaña), el mantenimiento de las subvenciones al transporte público y hasta las ayudas a Valencia.
Todo, argumentaron entonces, estaba justificado por el escándalo (ético y moral, según Sémper) del palacete. Solo cuando decayó el decreto y cundió entre los populares el pánico de quedar como culpables de que no subiesen las pensiones a los 12 millones de españoles que las cobran, el PP se inventó que el decreto de protección a familias vulnerables fomentaba la ocupación y varios de sus portavoces mintieron descaradamente diciendo que el texto legal contenía una subida del IVA.
Resultado de la gestión desde Génova 13 del Palacetegate: en solo tres días, el PSOE volvió a negociar con Junts, y a cambio de debatir en el Congreso una proposición no de ley sin ningún valor jurídico sobre una moción de confianza que Sánchez, el único capacitado para hacerlo, ya ha dicho que no va a presentar, y de retirar unos cuantas medidas económicas del decreto ómnibus, el Gobierno ha recuperado su mayoría parlamentaria y restablecido sus relaciones con el partido de Puigdemont.
Entonces el terror volvió a instalarse en la sede nacional del PP, que tardó solo unas horas en pegar otro volantazo y anunciar el voto a favor de un texto que no solo mantiene la cesión del dichoso palacete, también la protección de las familias vulnerables que según sus portavoces, diarios de cabecera y agitadores varios, favorece a los okupas.
Tal y como están las cuentas ahora mismo, es muy probable que el decreto del “chantaje” y las “cesiones a los okupas” vayan a votarlo casi 300 diputados, de los 350 que tiene el Congreso. Llegados a este punto, caben solo dos posibilidades: o los votantes del PP y lectores de su prensa más entusiasta no se han creído el apocalipsis de esta semana sobre el palacete y los inquiokupas, o que consideren cierto todo lo anterior y vayan a frotarse los ojos cuando Feijóo y los suyos voten a favor de las siete plagas que anticiparon.
A los de la opción B, la de quienes se hayan tragado toda esa hipérbole, solo les quedará una salida: votar a Vox, el único partido que a día de hoy mantiene el voto en contra al decreto ómnibús. Santiago Abascal ya lo ha dicho: pretende quedar ante esos votantes como el único que protege de verdad el patrimonio español y a los propietarios para que cuando salgan a comprar el pan no se llenen sus casas de okupas alentados por las leyes que aprueba el Gobierno ahora con los votos de Feijóo.
El resto, los que no se creen nada, simplemente habrán recibido otra doble ración de antipolítica: la creación de dos urgencias ficticias, el palacete y los inquiokupas, que servirán de alimento para la extrema derecha.
El ruido de sumarios contra la izquierda tampoco es novedoso. Basta recordar algunas portadas y escaletas de televisón para comprobar lo muy cercado que estaba también Podemos en los tribunales por aquellas denuncias que le atribuían cuentas en paraísos fiscales y niñeras con cargo a los presupuestos del Estado. ¿Alguien quiere hacer memoria de en qué quedo todo eso?
Pese a todo eso y a su propia hemeroteca gallega, Feijóo ha decidido seguir la estela de todos esos decibelios, y hacer suyo el diagnóstico de quienes pronosticaron que el sanchismo escribiría su final el 23 de julio de 2024. de quienes aventuran cada día el descalabro de un país que bate récords económicos en Europa y alcanza niveles de empleos nunca vistos. No les arredra ni al PP ni a sus editorialistas de cabecera que entidades tan poco sospechosas de veleidades comunistas como JP Morgan recomienden comprar deuda española y vender la alemana.
En este país donde nacen, crecen, se reproducen y mueren los partidos a un ritmo vertiginoso, sería suicida arriesgarse con los pronósticos. Y hasta puede que quienes apostaron por Susana Díaz, por Ciudadanos y por las sucesivas derrotas del sanchismo desde 2018 acierten alguna vez, pero la verdad hoy es que tras la calamitosa gestión del palacetegate, el Gobierno está más cerca que antes de aprobar unos presupuestos que son la pieza que busca para amarrar la legislatura.
Postdata: es tal la potencia de sus altavoces que frente al verdadero problema que sacude ya a varias generaciones de españoles y que son los precios desorbitados de las viviendas tanto en venta como en alquiler -el gran conflicto que sí puede desalojar a la izquierda del Gobierno-, la burbuja conservadora trata de instalar ahora que la urgencia es combatir la okupación e incluso se ha permitido bautizar como inquiokupas a todas esas familias con problemas para pagar el alquiler. El camino debe ser justo el contrario al ruido madrileño: cuánto menos se insulte y más se ayude a esos hogares vulnerables, más cerca estará la izquierda de mantenerse en el poder. Digan lo que digan las portadas, las tertulias y los anuncios de alarmas que las patrocinan.
Nada de lo que ha ocurrido en España en la última década, tampoco el caso del “palacete” que se devolverá al PNV, se explica sin entender esa burbuja mediática madrileña que pronosticó el triunfo de Susana Díaz en las primarias del PSOE, patrocinó a Albert Rivera y vaticina cada semana el fin del sanchismo Todo lo que dijo el PP sobre el palacete del PNV en París para justificar su voto en contra del decreto que ahora apoyará
Resulta muy difícil comprender la política española desde el extrarradio (hablemos claro, todo lo que no sea Madrid) sin asumir antes cómo funciona el ecosistema mediático, político y económico de la capital. Pero lo que se antoja imposible, a la vista de todo lo que ha sucedido durante la última década en España, es que la burbuja madrileña, donde se mezclan todos los poderes posibles, comprenda que sus obsesiones no tienen por qué ser las de todo el país.
¿Cómo explicar si no, que entre esas élites madrileñas, que presumen de manejar todas las claves del país, nadie viera venir la eclosión de Podemos en 2014?
¿Que dieran por hecha -algún presunto director de periódico de la época aún sigue lamentándose cada mañana- la victoria de Susana Díaz sobre Pedro Sánchez en las primarias del PSOE?
¿Alguien entiende que el IBEX y su prensa más obediente pusiesen todas las fichas -y bastante dinero, hay banqueros que incluso reconocieron públicamente que esa era su apuesta- en la casilla de Ciudadanos y Albert Rivera?
¿Y que en las generales de 2023 la unanimidad de la prensa conservadora anticipase un Gobierno de Feijóo e incluso algún sociólogo de cabecera se atreviera a pronosticar el mes exacto en que Sánchez dejaría de ser líder del PSOE?
¿Alguna explicación para que todos esos titulares y tertulias lleven llamando mayoría Frankestein a la suma de partidos que hicieron presidente a Sánchez desde 2018 y no quisieran oler el desastre de coaliciones que formaron PP y Ciudadanos primero y últimamente las que los populares sellaron con Vox, hoy rotas en todas las autonomías?
Después de todos esos presagios fallidos, la cámara de eco de la capital ha estipulado que a Pedro Sánchez le quedan dos telediarios porque ningún gobierno, y menos uno con esa aritmética en el Congreso tan precaria, puede soportar el ambiente irrespirable que esa misma prensa, con la ayuda de algunos jueces y fiscales, contribuyen a generar cada día.
Alberto Núñez Feijóo acostumbraba a repetir en Galicia, aposentado sobre sus confortables mayorías absolutas, que convenía “huir del ruido de Madrid”. Y sin embargo ahora que lleva dos años al frente de la megafonía capitalina, todos los decibelios le parecen pocos. Cualquiera que haya seguido de cerca la trayectoria durante las últimas dos décadas del actual líder del PP puede concluir que la diferencia fundamental entre su etapa gallega y madrileña es que al frente de la Xunta, con sus generosos presupuestos públicos para publicidad institucional, él mandaba sobre los medios conservadores. Hoy, en cambio, les obedece. Y les teme. (No está claro que se los crea, en Santiago desde luego no lo hacía). Y mezclado con lo anterior, el segundo gran elemento que explica el antes y después de Feijóo se llama Vox, la amenaza por la derecha que nunca le acechó en su tierra.
Feijóo y sus asesores han asumido ya que cualquier tentación de intentar mostrarse como un líder centrista, como reivindicaba -con más palabras que hechos- desde la Xunta, propiciará furibundas homilías mañaneras, amén de tertulias y titulares amenazantes.
En su gabinete no olvidan aquella primera vez que estuvo a punto de pactar la renovación del Poder Judicial con Sánchez y Federico Jiménez Losantos le recordó que no se le había traído a Madrid para eso, mientras el periódico en el que escribe le enseñaba la cabeza de caballo con el combo completo de portada y editorial el mismo día.
El Feijóo de la era postCasado no hace lo que cree -o lo que lleva diciendo toda la vida que cree- por temor a que ese “ruido madrileño” que tanto abominaba constituya más gasolina para Vox. Y, sin embargo, no hay nada que engorde más a la extrema derecha española que seguir los postulados de la cápsula político-mediática de la corte.
El último ejemplo es la gestión política que acaba de hacer el PP sobre el famoso “palacete” de París y las conclusiones que puede dejar el asunto del decreto para un votante de derechas.
Vayamos a los antecedentes: la primera noticia sobre las negociaciones para devolver la histórica sede del Gobierno vasco en el exilio de París la publicó este mismo diario el pasado 24 de diciembre. La firmaba nuestra compañera Belén Ferreras y la información, tal vez por ser víspera de Navidad, quizás porque no estaba enfocada al gusto de la burbuja mediática conservadora, pasó inadvertida. No fue hasta la vuelta de las vacaciones cuando el PP y su prensa más afecta quisieron hacer de la devolución al PNV -de un inmueble incautado por la Gestapo y entregado a la dictadura de Franco- uno de esos escándalos nacionales que la derecha necesita cada semana.
Durante días fue el único argumento esgrimido por los populares para justificar su voto contrario al llamado decreto ómnibus, un cajón de sastre de normas, muy parecido a los que aprobaba Feijóo en Galicia, sigue sacando adelante Ayuso en Madrid y propician tantos otros gobernantes en todas partes. En ese batiburrillo de leyes cabía desde la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, las ayudas a Valencia por la DANA, la prórroga de las ayudas al transporte público, una extensión del escudo para proteger a las familias vulnerables de los desahucios y asuntos económicos variados, entre ellos bonificaciones para la compra de vehículos eléctricos.
El decreto contenía medio centenar de medidas pero el PP, con su hiperactivo portavoz, Miguel Tellado, al frente, y sus aliados mediáticos machacaron con el asunto del palacete (el mismo cuya devolución había negociado con el PNV el Gobierno de Rajoy hasta que fue desalojado del poder en 2018) no solo suponía un chantaje al conjunto del país, directamente implicaba tomar como rehenes a todos y cada uno de los pensionistas e incluso a los viajeros en tren. El monotema no fue solo mercancía para Tellado y los más cafeteros, el supuestamente templado Borja Sémper llegó a decir que para su partido ceder el edificio de París constituye un “escándalo ético y moral” (sic).
Como anticipaba esa catarata de declaraciones, el PP decidió votar en contra del decreto junto al partido de Puigdemont y Vox. No era la única opción que tenía Feijóo. Con Junts instalado en el no, el líder del PP tenía la oportunidad de desbloquear el decreto y presentarse como salvador ante 12 millones de pensionistas y evidenciar de paso la fragilidad parlamentaria del Gobierno metiendo otra cuña entre los socialistas y Puigdemont a las puertas de una negociación presupuestaria clave para el futuro del Gobierno. Hasta podría haber aprovechado para reconciliarse un poco con ese PNV al que antes o después va a necesitar y con el que hoy tiene todos los puentes rotos.
En lugar de eso, Feijóo, Tellado y su ejército de tertulianos eligieron hacer casus belli con el palacete para infligir una nueva derrota parlamentaria al Gobierno. Casi definitiva, escribieron algunos cronistas de la corte. Aun a riesgo de arruinar medidas hipersensibles para amplios sectores de la población, el PP anunció a los cuatro vientos que votaría en contra del decreto. Incluida la revalorización de las pensiones (en esto los populares son reincidentes y Feijóo lo recuerda bien porque negar esa evidencia en TVE fue una de las razones de su desplome en la última semana de campaña), el mantenimiento de las subvenciones al transporte público y hasta las ayudas a Valencia.
Todo, argumentaron entonces, estaba justificado por el escándalo (ético y moral, según Sémper) del palacete. Solo cuando decayó el decreto y cundió entre los populares el pánico de quedar como culpables de que no subiesen las pensiones a los 12 millones de españoles que las cobran, el PP se inventó que el decreto de protección a familias vulnerables fomentaba la ocupación y varios de sus portavoces mintieron descaradamente diciendo que el texto legal contenía una subida del IVA.
Resultado de la gestión desde Génova 13 del Palacetegate: en solo tres días, el PSOE volvió a negociar con Junts, y a cambio de debatir en el Congreso una proposición no de ley sin ningún valor jurídico sobre una moción de confianza que Sánchez, el único capacitado para hacerlo, ya ha dicho que no va a presentar, y de retirar unos cuantas medidas económicas del decreto ómnibus, el Gobierno ha recuperado su mayoría parlamentaria y restablecido sus relaciones con el partido de Puigdemont.
Entonces el terror volvió a instalarse en la sede nacional del PP, que tardó solo unas horas en pegar otro volantazo y anunciar el voto a favor de un texto que no solo mantiene la cesión del dichoso palacete, también la protección de las familias vulnerables que según sus portavoces, diarios de cabecera y agitadores varios, favorece a los okupas.
Tal y como están las cuentas ahora mismo, es muy probable que el decreto del “chantaje” y las “cesiones a los okupas” vayan a votarlo casi 300 diputados, de los 350 que tiene el Congreso. Llegados a este punto, caben solo dos posibilidades: o los votantes del PP y lectores de su prensa más entusiasta no se han creído el apocalipsis de esta semana sobre el palacete y los inquiokupas, o que consideren cierto todo lo anterior y vayan a frotarse los ojos cuando Feijóo y los suyos voten a favor de las siete plagas que anticiparon.
A los de la opción B, la de quienes se hayan tragado toda esa hipérbole, solo les quedará una salida: votar a Vox, el único partido que a día de hoy mantiene el voto en contra al decreto ómnibús. Santiago Abascal ya lo ha dicho: pretende quedar ante esos votantes como el único que protege de verdad el patrimonio español y a los propietarios para que cuando salgan a comprar el pan no se llenen sus casas de okupas alentados por las leyes que aprueba el Gobierno ahora con los votos de Feijóo.
El resto, los que no se creen nada, simplemente habrán recibido otra doble ración de antipolítica: la creación de dos urgencias ficticias, el palacete y los inquiokupas, que servirán de alimento para la extrema derecha.
El Gobierno Frankestein y las coaliciones del PP
La respuesta de por qué el Feijóo madrileño se comporta así vuelve a estar en la burbuja de medios conservadora. En ese sector de la derecha mediática y económica, los del “Gobierno Frankestein”, que repite cada mañana que Sánchez está en las últimas y puede caer tras cualquier votación. Los más fieles partidarios del aznarismo, político y mediático, que asisten a las últimas condenas de Zaplana, Rato y pronto de Francisco Álvarez Cascos, como si no les conocieran de nada, se esfuerzan en convencer al país de que jamás se ha visto tanta corrupción como el software sin ánimo de lucro de Begoña Gómez y la plaza en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez. Tan centrados están el PP y sus altavoces en la familia del presidente que hasta se ha dejado de lado el verdadero escándalo de corrupción que sacude a quien fue su número dos en el PSOE, José Luis Ábalos, y al asesor de este en todas partes, el poliimputado Koldo García.El ruido de sumarios contra la izquierda tampoco es novedoso. Basta recordar algunas portadas y escaletas de televisón para comprobar lo muy cercado que estaba también Podemos en los tribunales por aquellas denuncias que le atribuían cuentas en paraísos fiscales y niñeras con cargo a los presupuestos del Estado. ¿Alguien quiere hacer memoria de en qué quedo todo eso?
Pese a todo eso y a su propia hemeroteca gallega, Feijóo ha decidido seguir la estela de todos esos decibelios, y hacer suyo el diagnóstico de quienes pronosticaron que el sanchismo escribiría su final el 23 de julio de 2024. de quienes aventuran cada día el descalabro de un país que bate récords económicos en Europa y alcanza niveles de empleos nunca vistos. No les arredra ni al PP ni a sus editorialistas de cabecera que entidades tan poco sospechosas de veleidades comunistas como JP Morgan recomienden comprar deuda española y vender la alemana.
En este país donde nacen, crecen, se reproducen y mueren los partidos a un ritmo vertiginoso, sería suicida arriesgarse con los pronósticos. Y hasta puede que quienes apostaron por Susana Díaz, por Ciudadanos y por las sucesivas derrotas del sanchismo desde 2018 acierten alguna vez, pero la verdad hoy es que tras la calamitosa gestión del palacetegate, el Gobierno está más cerca que antes de aprobar unos presupuestos que son la pieza que busca para amarrar la legislatura.
Postdata: es tal la potencia de sus altavoces que frente al verdadero problema que sacude ya a varias generaciones de españoles y que son los precios desorbitados de las viviendas tanto en venta como en alquiler -el gran conflicto que sí puede desalojar a la izquierda del Gobierno-, la burbuja conservadora trata de instalar ahora que la urgencia es combatir la okupación e incluso se ha permitido bautizar como inquiokupas a todas esas familias con problemas para pagar el alquiler. El camino debe ser justo el contrario al ruido madrileño: cuánto menos se insulte y más se ayude a esos hogares vulnerables, más cerca estará la izquierda de mantenerse en el poder. Digan lo que digan las portadas, las tertulias y los anuncios de alarmas que las patrocinan.
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#^Cinco años de Brexit, el pinchazo que ha hundido poco a poco al Reino Unido en medio de la decepción popular
Sólo el 11% de los adultos creen ahora que la salida de la Unión Europea ha sido un éxito mientras el país sufre los obstáculos de la autoimpuesta frontera para comprar tomates, fichar futbolistas o vender sandwiches en sus supermercados fuera de la isla Los británicos quieren acercarse a la UE mientras Starmer se empeña en cortejar a Trump
La cadena británica Marks & Spencers ha tenido que alquilar un almacén sólo para guardar miles de documentos necesarios para vender sus productos en los 16 supermercados que tiene en Irlanda, la isla vecina que sí está en la Unión Europea.
“Tenemos un buen negocio de alimentación en Irlanda, pero no ganamos mucho dinero por los controles en la frontera. No se trata sólo de las 700 páginas de textos: tenemos que guardar toda la documentación que acompaña a nuestros cargamentos hacia Irlanda durante seis años en un almacén”, explicó el presidente de la compañía y ex diputado conservador, Archie Norman, en una entrevista con Times Radio en diciembre. “Así que hemos alquilado un almacén para guardar estos trocitos de papel a los que nadie les hace ni caso… Es bastante extraordinario”. Norman está entre los más de 1.200 empresarios que firmaron una carta pública unas horas antes del referéndum de 2016 pidiendo el voto a favor de quedarse en la Unión Europea.
La salida del Reino Unido de la UE, de la que este viernes se cumplen cinco años, no ha supuesto aranceles por el acuerdo comercial firmado entre el país y los Veintisiete, pero sí toneladas extra de papeleo, controles en la frontera, más requisitos de entrada y salida y limitaciones que ni siquiera han entrado del todo en vigor. A partir de este viernes, por ejemplo, el Reino Unido empezará a aplicar controles en las fronteras de los bienes importados de la UE que lleva años retrasando para no perjudicar más a sus empresas. Los controles de los bienes británicos que entran en la UE están en vigor desde el 1 de enero de 2021, aunque se han ido desplegando poco a poco según el tipo de producto.
La aplicación práctica del Brexit ha sido y sigue siendo lenta. El referéndum fue el 23 de junio de 2016, pero las negociaciones sobre las condiciones de la salida de la UE supusieron que el Reino Unido no dejó de ser miembro hasta el 31 de enero de 2020. Y, en la práctica, el país siguió estando en el mercado único hasta la firma del acuerdo comercial que entró en vigor en enero de 2021.
Desde entonces, pequeñas y medianas empresas han dejado de vender al continente por el coste del papeleo –al menos 20.000 desde 2021– y hasta corporaciones con más recursos han abandonado proyectos europeos. De hecho, Marks & Spencers se marchó de Francia porque no le compensaba el tiempo y el esfuerzo de pasar la frontera.
“Antes del Brexit, teníamos un negocio de comida fresca significativo en París y alrededores, que nos generaba unos siete millones de libras [más de ocho millones de euros] al año”, contaba también Norman. “Era un negocio en crecimiento, muy popular en París, éramos probablemente el mayor vendedor individual de sandwiches de París, una gran cosa para el Reino Unido… Lo tuvimos que cerrar porque no era práctico mandar nuestra comida fresca a través de los controles de aduanas franceses y conseguir que llegara a tiempo a las estanterías”.
El efecto del Brexit, que ha reducido la ya anémica economía británica, se ha ido notando poco a poco en un momento marcado por otras crisis como la pandemia y la guerra de Ucrania. En línea con las previsiones económicas, ha sido “un pinchazo lento” más que una “colisión frontal”.
La economía británica apenas crece desde 2023 y sigue sufriendo tipos de interés más altos que en la zona euro y Estados Unidos por el miedo a la inflación. Los defensores del Brexit se agarran al estancamiento de Francia y Alemania, obviando el crecimiento en el sur de Europa.
La oficina de control presupuestario, una agencia oficial, estima el coste del Brexit en cuatro puntos de productividad y una disminución sostenida del 15% de los intercambios comerciales que se notará hasta 15 años después de la salida del país de la UE.
Imagen del control fronterizo en el puerto de Dover
Los músicos han reducido los tours por Europa por las limitaciones de los visados y el papeleo extra para mover instrumentos; los agricultores han visto cómo las ayudas europeas no han sido sustituidas por los subsidios prometidos; los libreros británicos tienen menos acceso a los libros en inglés publicados en Estados Unidos que sus colegas de la UE; los pilotos británicos tienen que pagarse otro examen porque sus títulos ya no se reconocen en la UE; los clubes de fútbol fichan a menos jugadores europeos.
El Tottenham tiene que esperar otro año más –y ya le ha pasado varias veces– hasta que el jugador estrella croata Luka Vuskovic cumpla los 18 años por las reglas tras el Brexit que impiden ahora a los clubes británicos fichar a menores de edad. El equipo llegó a un acuerdo con el jugador en 2023, pero no podrá incorporarlo hasta 2026 mientras ve cómo el joven marca goles en un equipo de Amberes.
En 2016, David Cameron se centró en lo que él pensaba que serviría para acabar con el debate que dividía al Partido Conservador y beneficiaba a la extrema derecha de Nigel Farage. Como dice Tim Bale, politólogo de la Universidad Queen Mary de Londres y especialista en tories, “el efecto del Brexit en el Partido Conservador es un ejemplo de libro de que el remedio ha sido peor que la enfermedad”.
El líder de Reform UK, Nigel Farage
Los tories, diezmados en el Parlamento por la peor derrota electoral de su historia el pasado julio, siguen divididos y Farage ha conseguido por primera vez un escaño en el Parlamento británico y se presenta como una alternativa más popular al partido tradicional de la derecha británica. Farage, el principal impulsor del Brexit, defiende su posición asegurando que los conservadores negociaron mal el acuerdo de salida y no supieron aprovechar “las oportunidades” que supuestamente ofrecía la separación.
Ahora el Reino Unido tiene sus propias reglas migratorias, pero el efecto de la salida de la Unión Europea ha sido el contrario del esperado para los reticentes a las llegadas de trabajadores y estudiantes de fuera del país.
Antes del Brexit, la migración neta –la diferencia entre quienes llegan y quien se van del país y un concepto que obsesiona en el debate público en el Reino Unido– rondaba las 250.000 personas. Desde entonces se ha acercado más al millón de personas, que han llegado en los últimos años por la protección ofrecida a algunos refugiados de Afganistán, Ucrania o Hong Kong, y por los visados para reclutar trabajadores y estudiantes de fuera de la UE.
Sólo el 30% de los ciudadanos cree ahora que el Reino Unido hizo bien en marcharse de la UE, según un sondeo recién publicado por YouGov. A la encuestadora nunca le había salido un porcentaje tan bajo en esta pregunta desde que empezó a hacerla después del referéndum de junio de 2016, cuando el 52% de quienes votaron lo hicieron a favor de la salida de la UE. Los que tienen una visión más negativa de lo que ha pasado y tienen más ganas de volver a la UE son los menores de 25 años, que no tenían derecho de voto en 2016. En todo caso, sólo el 11% de la población total cree que el Brexit ha sido “más un éxito que un fracaso”. La mayoría de los que en 2016 apoyaron la salida tampoco creen que haya sido un éxito y la mayoría de los adultos creen que “el Brexit siempre iba a ser un fracaso y no había nada que pudiera hacer ningún Gobierno que lo convirtiera en un éxito”.
Desde 2022, cuando los efectos del Brexit empezaron a notarse y el Gobierno conservador acumuló una crisis detrás de otra con las dimisiones de Boris Johnson y la efímera Liz Truss, se muestran mayorías estables en contra del Brexit y a favor de volver a la UE.
Los más europeístas son los votantes laboristas y Keir Starmer, que hizo campaña en contra del Brexit en tensión con el líder de su propio partido, el euroescéptico Jeremy Corbyn, prometió volver a acercarse a la UE. Pero, en la campaña de las elecciones de julio del año pasado, Starmer también prometió que no intentaría movimientos más ambiciosos como un acuerdo para volver al mercado único o tener más libertad de movimiento y de bienes como otros países vecinos que no están en la UE. El miedo a reactivar la minoría favorable al Brexit y darle alas a la extrema derecha ha paralizado cualquier iniciativa sustancial desde que está en el poder.
El primer ministro británico, Keir Starmer, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen
En un discurso sobre cómo reactivar la economía británica, la ministra de Economía, Rachel Reeves, habló esta semana de construir una tercera pista en el aeropuerto de Heathrow de Londres o retomar una línea de tren de Oxford a Cambridge para impulsar un nuevo corredor de innovación tecnológica entre las dos universidades. Pero no incluyó el acercamiento a su principal mercado como vía para el crecimiento.
Hace unos días, Michael Heseltine, diputado conservador durante décadas y miembro de los gobiernos de Margaret Thatcher y John Major, dijo que el Gobierno laborista debería hablar abiertamente de un nuevo referéndum ahora que hay una mayoría a favor de volver a la Unión Europea. En una entrevista con la BBC, dijo que los defensores del Brexit vendieron a los británicos “una pila de mentiras” y que su país tiene que estar “en el corazón de Europa”. Además, defendió el europeísmo de Thatcher y su papel en la creación del mercado único.
La propia líder del Partido Conservador actual, Kemi Badenoch, reconoce que su partido no pensó bien en las implicaciones prácticas de la salida ni hizo un plan para recuperar el crecimiento económico que se perdería. Aun así, defiende las “libertades del Brexit”.
Durante la presentación del informe sobre los cinco años de Brexit de UK in a Changing Europe, elDiario.es preguntó este martes a los autores del texto qué haría falta para que un Gobierno británico fuera más ambicioso y planteara un debate sobre un nuevo referéndum o volver al menos a la unión aduanera.
“Es muy difícil para el Gobierno laborista. Llegaron al poder después de muchos años sin él. Tienen una gran mayoría, ¿pero están preparados para gastar capital político en algo que sigue siendo una herida abierta para la vida política británica?”, contestó Sarah Hall, profesora de la Universidad de Cambridge especializada en desigualdad y urbanismo.
La estrategia electoral laborista pasó por dirigirse a los votantes con menos ingresos que habían votado laborista en el pasado y también habían votado a favor de marcharse de la UE. En última instancia no fue esa la clave de su victoria, pero esa prioridad obligó a adquirir compromisos en los últimos años que también han pasado por el silencio sobre el Brexit.
Asistentes a la "National Rejoin March", en septiembre en Londres
“Hasta ahora no había nadie al sur de la frontera angloescocesa que defendiera en particular cambiar de rumbo. Al norte de la frontera, el partido nacionalista escocés, en cambio, nunca ha dejado de decir que el Brexit fue un error”, apuntaba el martes John Curtice, profesor y encuestador jefe de la BBC. Los liberaldemócratas, el partido centrista tercero en escaños, está empezando a retomar esta bandera, y eso, según Curtice, es lo que tal vez podría reabrir el debate sobre un nuevo referéndum de aquí a las próximas elecciones generales, previstas para 2029. “Pasará cuando el Gobierno se encuentre en una situación en la que crea que es la mejor salida de cualquier atolladero electoral de entonces… por eso tuvimos un referéndum en 2016, porque David Cameron pensaba que sería la manera de quitarse de en medio el Brexit”.
En 2029, dada la fragmentación creciente del electorado, el escenario puede ser que ningún partido obtenga la mayoría para gobernar: “Si los liberaldemócratas son muy claros en que hay que revertir el proceso y los laboristas están pensando cómo conservar el poder, entonces podríamos tener un acuerdo de Gobierno en que parte del acuerdo sea un referéndum”, dijo Curtice.
La última oferta de la Comisión Europea de integrar al Reino Unido en la convención pan-euro-mediterránea para facilitar el comercio pone a los británicos al nivel de Marruecos, Jordania, Ucrania o las islas Feroe, con algunas facilidades para los productos de origen, pero poco acceso a los mercados de terceros países que comercian a su vez con la UE. “Desde el punto de vista económico, sería insignificante”, dice Anand Menon, el director de UK in a Changing Europe.
A la vez, recuerda la condena de este y de cualquier Gobierno británico para tratar con el gran bloque comercial y político que tiene de vecino y que sigue adaptando sus reglas. “El deseo del Gobierno de Starmer de revisar el acuerdo de Johnson recuerda que las relaciones entre el Reino Unido y la UE no han llegado a un equilibrio estable. Están muy lejos de eso”, escribe Menon. “Los cinco años desde el Brexit muestran que la UE sigue moldeando nuestras vidas diarias de maneras significativas, incluso aunque ya no seamos parte del club”.
Sólo el 11% de los adultos creen ahora que la salida de la Unión Europea ha sido un éxito mientras el país sufre los obstáculos de la autoimpuesta frontera para comprar tomates, fichar futbolistas o vender sandwiches en sus supermercados fuera de la isla Los británicos quieren acercarse a la UE mientras Starmer se empeña en cortejar a Trump
La cadena británica Marks & Spencers ha tenido que alquilar un almacén sólo para guardar miles de documentos necesarios para vender sus productos en los 16 supermercados que tiene en Irlanda, la isla vecina que sí está en la Unión Europea.
“Tenemos un buen negocio de alimentación en Irlanda, pero no ganamos mucho dinero por los controles en la frontera. No se trata sólo de las 700 páginas de textos: tenemos que guardar toda la documentación que acompaña a nuestros cargamentos hacia Irlanda durante seis años en un almacén”, explicó el presidente de la compañía y ex diputado conservador, Archie Norman, en una entrevista con Times Radio en diciembre. “Así que hemos alquilado un almacén para guardar estos trocitos de papel a los que nadie les hace ni caso… Es bastante extraordinario”. Norman está entre los más de 1.200 empresarios que firmaron una carta pública unas horas antes del referéndum de 2016 pidiendo el voto a favor de quedarse en la Unión Europea.
La salida del Reino Unido de la UE, de la que este viernes se cumplen cinco años, no ha supuesto aranceles por el acuerdo comercial firmado entre el país y los Veintisiete, pero sí toneladas extra de papeleo, controles en la frontera, más requisitos de entrada y salida y limitaciones que ni siquiera han entrado del todo en vigor. A partir de este viernes, por ejemplo, el Reino Unido empezará a aplicar controles en las fronteras de los bienes importados de la UE que lleva años retrasando para no perjudicar más a sus empresas. Los controles de los bienes británicos que entran en la UE están en vigor desde el 1 de enero de 2021, aunque se han ido desplegando poco a poco según el tipo de producto.
La aplicación práctica del Brexit ha sido y sigue siendo lenta. El referéndum fue el 23 de junio de 2016, pero las negociaciones sobre las condiciones de la salida de la UE supusieron que el Reino Unido no dejó de ser miembro hasta el 31 de enero de 2020. Y, en la práctica, el país siguió estando en el mercado único hasta la firma del acuerdo comercial que entró en vigor en enero de 2021.
Desde entonces, pequeñas y medianas empresas han dejado de vender al continente por el coste del papeleo –al menos 20.000 desde 2021– y hasta corporaciones con más recursos han abandonado proyectos europeos. De hecho, Marks & Spencers se marchó de Francia porque no le compensaba el tiempo y el esfuerzo de pasar la frontera.
“Antes del Brexit, teníamos un negocio de comida fresca significativo en París y alrededores, que nos generaba unos siete millones de libras [más de ocho millones de euros] al año”, contaba también Norman. “Era un negocio en crecimiento, muy popular en París, éramos probablemente el mayor vendedor individual de sandwiches de París, una gran cosa para el Reino Unido… Lo tuvimos que cerrar porque no era práctico mandar nuestra comida fresca a través de los controles de aduanas franceses y conseguir que llegara a tiempo a las estanterías”.
El efecto del Brexit, que ha reducido la ya anémica economía británica, se ha ido notando poco a poco en un momento marcado por otras crisis como la pandemia y la guerra de Ucrania. En línea con las previsiones económicas, ha sido “un pinchazo lento” más que una “colisión frontal”.
La economía británica apenas crece desde 2023 y sigue sufriendo tipos de interés más altos que en la zona euro y Estados Unidos por el miedo a la inflación. Los defensores del Brexit se agarran al estancamiento de Francia y Alemania, obviando el crecimiento en el sur de Europa.
La oficina de control presupuestario, una agencia oficial, estima el coste del Brexit en cuatro puntos de productividad y una disminución sostenida del 15% de los intercambios comerciales que se notará hasta 15 años después de la salida del país de la UE.
Imagen del control fronterizo en el puerto de Dover
Música, fútbol, tomates
Los efectos se han desplegado más visiblemente en el hundimiento del comercio británico; la falta de camareros, dependientes, conductores, temporeros, sanitarios y otros trabajadores en sectores clave; la escasez periódica de productos básicos en los supermercados sobre todo fuera de Londres, y el encarecimiento de cualquier servicio o producto relacionado con el continente, desde los billetes de tren hasta los tomates. Pero el Brexit ha permeado poco a poco toda la sociedad británica.Los músicos han reducido los tours por Europa por las limitaciones de los visados y el papeleo extra para mover instrumentos; los agricultores han visto cómo las ayudas europeas no han sido sustituidas por los subsidios prometidos; los libreros británicos tienen menos acceso a los libros en inglés publicados en Estados Unidos que sus colegas de la UE; los pilotos británicos tienen que pagarse otro examen porque sus títulos ya no se reconocen en la UE; los clubes de fútbol fichan a menos jugadores europeos.
El Tottenham tiene que esperar otro año más –y ya le ha pasado varias veces– hasta que el jugador estrella croata Luka Vuskovic cumpla los 18 años por las reglas tras el Brexit que impiden ahora a los clubes británicos fichar a menores de edad. El equipo llegó a un acuerdo con el jugador en 2023, pero no podrá incorporarlo hasta 2026 mientras ve cómo el joven marca goles en un equipo de Amberes.
Más efectos de lo esperado
“Lo que tal vez es más llamativo es que muy poco de lo que llegó después se anticipó durante los debates del referéndum”, escribe Anand Menon, el director de la red académica UK in a Changing Europe, en su informe recién publicado sobre los cinco años de Brexit. “Los efectos del Brexit empezaron a aparecer poco después de la salida del Reino Unido. Eran mucho más amplios y más complejos de lo que nadie había imaginado en el momento del referéndum”. Estaba claro que la salida de la UE afectaría al comercio, la agricultura y la inmigración, pero pocos estimaron los efectos para la concordia regional dentro del país –no sólo para la delicada situación de Irlanda del Norte, sino para la creciente desigualdad entre Londres y el resto del país– o la dificultad de alinear la regulación con los vecinos para cualquier paso. La lista de cuestiones sin resolver sigue cinco años después.En 2016, David Cameron se centró en lo que él pensaba que serviría para acabar con el debate que dividía al Partido Conservador y beneficiaba a la extrema derecha de Nigel Farage. Como dice Tim Bale, politólogo de la Universidad Queen Mary de Londres y especialista en tories, “el efecto del Brexit en el Partido Conservador es un ejemplo de libro de que el remedio ha sido peor que la enfermedad”.
El líder de Reform UK, Nigel Farage
Los tories, diezmados en el Parlamento por la peor derrota electoral de su historia el pasado julio, siguen divididos y Farage ha conseguido por primera vez un escaño en el Parlamento británico y se presenta como una alternativa más popular al partido tradicional de la derecha británica. Farage, el principal impulsor del Brexit, defiende su posición asegurando que los conservadores negociaron mal el acuerdo de salida y no supieron aprovechar “las oportunidades” que supuestamente ofrecía la separación.
Inmigración más diversa
Uno de los principales factores que movió el voto a favor del Brexit fue el rechazo a la inmigración, utilizado en los mensajes de los políticos y revelado en las encuestas de opinión.Ahora el Reino Unido tiene sus propias reglas migratorias, pero el efecto de la salida de la Unión Europea ha sido el contrario del esperado para los reticentes a las llegadas de trabajadores y estudiantes de fuera del país.
Antes del Brexit, la migración neta –la diferencia entre quienes llegan y quien se van del país y un concepto que obsesiona en el debate público en el Reino Unido– rondaba las 250.000 personas. Desde entonces se ha acercado más al millón de personas, que han llegado en los últimos años por la protección ofrecida a algunos refugiados de Afganistán, Ucrania o Hong Kong, y por los visados para reclutar trabajadores y estudiantes de fuera de la UE.
Las encuestas
La mayoría de la población adulta en el país tiene ahora una visión negativa del Brexit y cree que el lugar del Reino Unido está en la Unión Europea. Cuando se pregunta sobre asuntos concretos que podrían mejorar la situación del país, también hay mayorías a favor de acuerdos que permitan viajar más fácilmente o vender y comprar productos europeos.Sólo el 30% de los ciudadanos cree ahora que el Reino Unido hizo bien en marcharse de la UE, según un sondeo recién publicado por YouGov. A la encuestadora nunca le había salido un porcentaje tan bajo en esta pregunta desde que empezó a hacerla después del referéndum de junio de 2016, cuando el 52% de quienes votaron lo hicieron a favor de la salida de la UE. Los que tienen una visión más negativa de lo que ha pasado y tienen más ganas de volver a la UE son los menores de 25 años, que no tenían derecho de voto en 2016. En todo caso, sólo el 11% de la población total cree que el Brexit ha sido “más un éxito que un fracaso”. La mayoría de los que en 2016 apoyaron la salida tampoco creen que haya sido un éxito y la mayoría de los adultos creen que “el Brexit siempre iba a ser un fracaso y no había nada que pudiera hacer ningún Gobierno que lo convirtiera en un éxito”.
The number of Britons saying the UK was right to vote to leave the EU has hit its lowest level since the referendum, ahead of the fifth anniversary of Brexit on Friday Right to vote to leave: 30% (-3 from Nov) Wrong to vote to leave: 55% (=) yougov.co.uk/politics/art...
[image or embed]
— YouGov (@yougov.co.uk) 29 de enero de 2025, 11:20
Desde 2022, cuando los efectos del Brexit empezaron a notarse y el Gobierno conservador acumuló una crisis detrás de otra con las dimisiones de Boris Johnson y la efímera Liz Truss, se muestran mayorías estables en contra del Brexit y a favor de volver a la UE.
Los más europeístas son los votantes laboristas y Keir Starmer, que hizo campaña en contra del Brexit en tensión con el líder de su propio partido, el euroescéptico Jeremy Corbyn, prometió volver a acercarse a la UE. Pero, en la campaña de las elecciones de julio del año pasado, Starmer también prometió que no intentaría movimientos más ambiciosos como un acuerdo para volver al mercado único o tener más libertad de movimiento y de bienes como otros países vecinos que no están en la UE. El miedo a reactivar la minoría favorable al Brexit y darle alas a la extrema derecha ha paralizado cualquier iniciativa sustancial desde que está en el poder.
Reuniones y visitas
Los ministros de su Gobierno se ven con sus homólogos de la UE y ya han participado en algunas reuniones formales en Bruselas. Starmer acude el lunes a la cumbre informal de jefes de Estado y Gobierno de los Veintisiete. Y los responsables de las negociaciones más directas en Londres y Bruselas se ven cada dos semanas. Pero la cordialidad en las relaciones se ha traducido en pocos avances y sigue sin haber ningún acuerdo ni siquiera de los supuestamente más pequeños, como un sistema de visados ágiles para los jóvenes europeos, facilidades para las giras de músicos o los controles veterinarios. A la vez, el Gobierno de Starmer ha rechazado cualquier paso un poco más ambicioso y casi siete meses después de su llegada al poder el Reino Unido sigue en la misma situación de bajo crecimiento y aislamiento.El primer ministro británico, Keir Starmer, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen
En un discurso sobre cómo reactivar la economía británica, la ministra de Economía, Rachel Reeves, habló esta semana de construir una tercera pista en el aeropuerto de Heathrow de Londres o retomar una línea de tren de Oxford a Cambridge para impulsar un nuevo corredor de innovación tecnológica entre las dos universidades. Pero no incluyó el acercamiento a su principal mercado como vía para el crecimiento.
Hace unos días, Michael Heseltine, diputado conservador durante décadas y miembro de los gobiernos de Margaret Thatcher y John Major, dijo que el Gobierno laborista debería hablar abiertamente de un nuevo referéndum ahora que hay una mayoría a favor de volver a la Unión Europea. En una entrevista con la BBC, dijo que los defensores del Brexit vendieron a los británicos “una pila de mentiras” y que su país tiene que estar “en el corazón de Europa”. Además, defendió el europeísmo de Thatcher y su papel en la creación del mercado único.
La propia líder del Partido Conservador actual, Kemi Badenoch, reconoce que su partido no pensó bien en las implicaciones prácticas de la salida ni hizo un plan para recuperar el crecimiento económico que se perdería. Aun así, defiende las “libertades del Brexit”.
La parálisis laborista
Lo que queda del Partido Conservador sigue dividido sobre la cuestión, pero, ¿qué está frenando al Gobierno laborista?Durante la presentación del informe sobre los cinco años de Brexit de UK in a Changing Europe, elDiario.es preguntó este martes a los autores del texto qué haría falta para que un Gobierno británico fuera más ambicioso y planteara un debate sobre un nuevo referéndum o volver al menos a la unión aduanera.
“Es muy difícil para el Gobierno laborista. Llegaron al poder después de muchos años sin él. Tienen una gran mayoría, ¿pero están preparados para gastar capital político en algo que sigue siendo una herida abierta para la vida política británica?”, contestó Sarah Hall, profesora de la Universidad de Cambridge especializada en desigualdad y urbanismo.
La estrategia electoral laborista pasó por dirigirse a los votantes con menos ingresos que habían votado laborista en el pasado y también habían votado a favor de marcharse de la UE. En última instancia no fue esa la clave de su victoria, pero esa prioridad obligó a adquirir compromisos en los últimos años que también han pasado por el silencio sobre el Brexit.
Asistentes a la "National Rejoin March", en septiembre en Londres
“Hasta ahora no había nadie al sur de la frontera angloescocesa que defendiera en particular cambiar de rumbo. Al norte de la frontera, el partido nacionalista escocés, en cambio, nunca ha dejado de decir que el Brexit fue un error”, apuntaba el martes John Curtice, profesor y encuestador jefe de la BBC. Los liberaldemócratas, el partido centrista tercero en escaños, está empezando a retomar esta bandera, y eso, según Curtice, es lo que tal vez podría reabrir el debate sobre un nuevo referéndum de aquí a las próximas elecciones generales, previstas para 2029. “Pasará cuando el Gobierno se encuentre en una situación en la que crea que es la mejor salida de cualquier atolladero electoral de entonces… por eso tuvimos un referéndum en 2016, porque David Cameron pensaba que sería la manera de quitarse de en medio el Brexit”.
En 2029, dada la fragmentación creciente del electorado, el escenario puede ser que ningún partido obtenga la mayoría para gobernar: “Si los liberaldemócratas son muy claros en que hay que revertir el proceso y los laboristas están pensando cómo conservar el poder, entonces podríamos tener un acuerdo de Gobierno en que parte del acuerdo sea un referéndum”, dijo Curtice.
La eterna negociación
Con poca claridad y poca prisa, el Gobierno de Starmer intenta hacer ajustes en el acuerdo comercial. Cualquier pacto con la UE lleva tiempo mientras se abren otros frentes como los requisitos para los coches eléctricos británicos o el nuevo acuerdo pesquero.La última oferta de la Comisión Europea de integrar al Reino Unido en la convención pan-euro-mediterránea para facilitar el comercio pone a los británicos al nivel de Marruecos, Jordania, Ucrania o las islas Feroe, con algunas facilidades para los productos de origen, pero poco acceso a los mercados de terceros países que comercian a su vez con la UE. “Desde el punto de vista económico, sería insignificante”, dice Anand Menon, el director de UK in a Changing Europe.
A la vez, recuerda la condena de este y de cualquier Gobierno británico para tratar con el gran bloque comercial y político que tiene de vecino y que sigue adaptando sus reglas. “El deseo del Gobierno de Starmer de revisar el acuerdo de Johnson recuerda que las relaciones entre el Reino Unido y la UE no han llegado a un equilibrio estable. Están muy lejos de eso”, escribe Menon. “Los cinco años desde el Brexit muestran que la UE sigue moldeando nuestras vidas diarias de maneras significativas, incluso aunque ya no seamos parte del club”.
arbocenc 🇯🇴
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A very interesting article, as usual from #MoonOfAlabama, about #chinese #AI (and how and why it beats the "USA way":
https://www.moonofalabama.org/2025/01/how-the-chinese-beat-trump-and-openai.html
arbocenc 🇯🇴
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Un article molt interessant, com és habitual venint de #MoonOfAlabama, sobre la #IA #xinesa i de com i per què aquesta li guanya la partida a la manera de fer " #americana ":
https://www.moonofalabama.org/2025/01/how-the-chinese-beat-trump-and-openai.html
arbocenc 🇯🇴
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Hi ha una campanya en marxa a nivell global per a #migrar de Whatsapp a #DeltaChat aquest proper dia 1 de febrer del 2025.
https://mastodon.social/@adbenitez/113895429021642700
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=chat.delta&hl=ca_ES
iOS:
https://apps.apple.com/es/app/delta-chat/id1459523234?l=ca
arbocenc 🇯🇴
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arbocenc 🇯🇴
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@spla @qualcu @AnnaCraix especialment l'experiència d'usuària de les apps mòbils no tenen comparació des del punt de vista de la majoria d'amistats i familiars non-tech. Delta Chat té bones apps per a Android i iOS. Les apps XMPP per a Android no són tan fluïdes i en general són més per geeks. I les de iOS tenen encara més mancances. Estan millorat però jo estic recomanant Delta Chat als meus contactes i se la instal·len i la utilitzen sense problemes. Explico més a #VamonosJuntasDelWA
arbocenc 🇯🇴
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Día 6 en mi salida de WhatsApp
El último tercio de mis contactos está tardando más en responder pero incluso ahí me estoy llevando más respuestas positivas de las que me esperaba. Con la mayoría de quienes quedan por responder nos conocemos bien aunque tenemos poco contacto. Podríamos seguir con mail / SMS sin problema.
Y así está la cosa:
13 #DeltaChat 🎉 + 1 en camino 🤩
7 #Signal 
1 SMS 📳
1 Email ✉️
1 Telegram... 📺
3 pensándoselo 🤫
5 esperando respuesta ⏳
arbocenc 🇯🇴
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Me voy de #WhatsApp. Me metí porque un viejo amigo me lo pidió pero ya no trago más a Meta y Zuckerberg, que poco tiempo les faltó para lamerle las posaderas al nuevo presidioente de los EEUU y sumarse a su distopia 2.0.
Escapar de Meta no es fácil. Están detrás de muchos de nuestros clicks. Facebook hace años que lo borré. Me fui de Instagram ayer. WhatsApp me llevará más tiempo, pero caerá.
Estoy recomendando #DeltaChat a mis familiares y amistades: https://delta.chat/ / @delta_chat
arbocenc 🇯🇴
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@tonet001 Telegram no xifra persona a persona per defecte i no xifra els grups.
A banda d'això, desen tot en els seus servidors i si cal, ho lliuren a requeriment de la justícia.
arbocenc 🇯🇴
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Hola,
Huí de X (@ruthtzin) para irme a #Bluesky pero mi hermanito me dijo que es lo mismo.
Soy profesora de sociología urbana en la Universidad Autónoma Metropolitana (México), investigadora y activista de la bicicleta.
No me gusta hablar de mi vida personal, sino intercambiar ideas, reflexiones y buscar colaboraciones.
No tengo ni idea a dónde llegué a parar pero espero adivinarlo pronto.
arbocenc 🇯🇴
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O sigui:
- #Whatsapp ❌
- #Telegram ❌
- #Signal 👍 (però amb reserves)
- #DeltaChat ✅
arbocenc 🇯🇴
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9 tips to boost your Linux system's security.
arbocenc 🇯🇴
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Debian has parted ways with X/Twitter. 😮
arbocenc 🇯🇴
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#^El Supremo anula una sentencia sobre violencia machista con duros reproches al TSJ canario: “Tiene defectos graves”
La resolución anulada, firmada por el magistrado Antonio Doreste, redujo la pena a un hombre que acuchilló 11 veces a su expareja, al tipificar los hechos como lesión consumada en vez de asesinato en grado de tentativa porque el cuchillo usado tenía la hoja flexible El magistrado reacio a creer a mujeres y menores víctimas de violencia sexual
El Supremo ha anulado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que adolece de “gruesos defectos” formales y de motivación y contiene un relato de hechos probados “indefinido, mal estructurado y contradictorio”. La resolución judicial ahora tumbada por el alto tribunal español había reducido de catorce a seis años y medio de cárcel la pena impuesta en primera instancia a un hombre que acuchilló en once ocasiones a su expareja, al entender la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC que los hechos no eran constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, sino de lesiones consumadas.
La sentencia que ha merecido el duro reproche del Supremo fue dictada el pasado 18 de septiembre. Su ponente es Antonio Doreste, expresidente del TSJC. Su sucesor en este cargo, Juan Luis Lorenzo, y la magistrada Carla Bellini completaban el tribunal. El fallo anulado había estimado de forma parcial el recurso del acusado contra la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que lo condenó por asesinato en grado de tentativa.
Los hechos enjuiciados se remontan al 18 de noviembre de 2021. Ese día, sobre las tres de la tarde, el agresor se abalanzó sobre la víctima, su expareja, cuando la mujer se encontraba en el interior de su coche en un aparcamiento de la localidad de Costa Calma, en Fuerteventura, y le clavó de forma reiterada un cuchillo mientras le decía: “Voy a matarte, arruinaste mi vida”. El hombre llevaba peluca, mascarilla y capucha para ocultarse.
Según el relato de hechos probados de esa primera sentencia de la Audiencia de Las Palmas, el acusado dirigió su ataque “a la zona del cuello y del pecho” de la víctima, que “se defendió con las manos”. Un ciudadano que se encontraba por los alrededores de esa zona de estacionamiento intervino y agarró al agresor para “evitar que culminara la acción”.
La mujer sufrió heridas y hematomas en manos y brazos. Además de la primera asistencia sanitaria, precisó tratamiento quirúrgico y requirió 63 días para su curación, 30 de ellos con un perjuicio “moderado” en su calidad de vida y 33 con un perjuicio “leve”. El fallo de la Audiencia de Las Palmas consideró probado que el acusado cometió esos hechos “movido claramente por no aceptar la decisión” de la víctima de “romper su relación sentimental”.
El alto tribunal canario hizo propio el relato de hechos probados de esa primera sentencia, pero con un añadido. Consideró relevante el tipo de cuchillo utilizado por el hombre para agredir a su expareja, “un simple cubierto especialmente flexible”, y las lesiones que produjo a la víctima. “Pese a haberle apuñalado en nada menos que 11 ocasiones, no hay heridas incisas, es decir, de corte, sino superficiales, hematomas (por golpes) y escoriaciones (heridas muy leves, por roce, no por punción o perforación), lo que indica la inidoneidad del cuchillo utilizado para profundizar o perforar, siendo obvio que se trata de un cuchillo de cubertería flexible”, recoge la sentencia firmada por Antonio Doreste.
La sentencia del TSJC anulada por el Supremo también destacaba que “todos los lugares de la agresión (sic) se producen en manos y piernas, salvo uno en caja torácica, pero siendo una simple escoriación (un roce) sin perforación de piel”. Con esos argumentos, la Sala de lo Civil y lo Penal concluía que el agresor no tuvo “ánimo de matar, sino de lesionar”, por lo que redujo el tipo delictivo de asesinato en grado de tentativa a lesiones consumadas y, en consecuencia, la condena de catorce a seis años y medio de cárcel.
“No es fácil comprender los razonamientos de la sentencia impugnada (del TSJC). Ni tampoco, y esto es lo que importa ahora, determinar qué hechos consideró finalmente probados y cuáles no, en la medida en que los expresa, a lo largo de su fundamentación jurídica, de un modo llanamente contradictorio”, incide el Supremo en una sentencia que está fechada el pasado 15 de enero y tiene como ponente al magistrado Leopoldo Puente.
El TSJC elabora un relato que “adolece de inconsistencias y contradicciones internas”. Así, la sentencia del tribunal canario descarta la existencia del “ánimo de matar” en la conducta del acusado “no solo con el incomprensible argumento de que un cuchillo (de hoja) flexible resulta inidóneo para este fin”, sino además “en abierta contradicción con otros hechos probados que, poco antes, había asegurado hacer propios”, sostiene el Supremo.
Con respecto al cuchillo de quince centímetros utilizado en la agresión, el Supremo destaca que el hecho de que tuviera la hoja flexible “no determina en modo alguno” que sea un instrumento “inhábil” para provocar heridas mortales, como mantenía el TSJC, y recuerda la “naturaleza flexible” de los conocidos como “cuchillos jamoneros”.
La primera sentencia, la dictada por la Audiencia de Las Palmas, ya exponía que se trataba de un cuchillo “perfectamente afilado” que, además de haber causado a la víctima lesiones incisas que precisaron una intervención quirúrgica, había dejado marcas en el asiento del vehículo, tal y como manifestó el agente de la Guardia Civil que realizó la inspección ocular.
El Supremo tampoco entiende que el TSJC sostenga que el ataque no se dirigió contra zonas vitales del cuerpo de la víctima cuando en esa misma sentencia admite como hecho probado que el agresor intentó clavarle el cuchillo de manera reiterada “en el cuello y el pecho” y que la mujer “se defendió con las manos”. Para “redondear la contradicción”, la sentencia del tribunal canario incluye la “insólita afirmación” de que la agresión no le produjo heridas incisas, cuando una de ellas, en la mano izquierda, requirió cuatro puntos de sutura y otra, en la derecha, siete. “¡Siete puntos!”, enfatiza el alto tribunal español.
En síntesis, la Sala de lo Penal del Supremo concluye que el relato de hechos del TSJC es defectuoso. En primer lugar, porque la referencia a la flexibilidad del cuchillo es “poco relevante e imprecisa”. Y “lo más importante”, porque “afirma y niega al mismo tiempo” que el ataque se dirigió contra zonas vitales y porque “ignora” que mientras clavaba el cuchillo a la víctima el acusado le decía que la iba a matar porque le había “arruinado la vida”.
Según el Supremo, no es posible la estimación íntegra del recurso presentado por la acusación particular y la Fiscalía, que habían pedido que se rehabilitara la primera sentencia, la dictada por la Audiencia de Las Palmas. “Ello no es posible a partir del confuso relato de los hechos que la sentencia recurrida considera probados, sin que la modificación de los mismos, en perjuicio del acusado, pudiera ser realizada por este tribunal, ignorando las imprecisas adiciones y contradicciones que al respecto la sentencia impugnada aporta”.
Es decir, ahora debe ser el mismo TSJC quien dicte una nueva resolución analizando el recurso de la defensa y subsanando los defectos formales apreciados por el Supremo.
Decenas de sentencias dictadas sobre esta materia en el último lustro contenían un voto particular discrepante con respecto a la posición mayoritaria de la sala. En todas ellas, Antonio Doreste (ponente de la resolución recién tumbada por el Supremo) se posiciona a favor de la absolución de los acusados (o de una rebaja de penas) por sus dudas sobre la credibilidad de los testimonios de las víctimas o porque considera que no están sustentados por otros indicios incriminatorios.
Su criterio colisiona con el de otra de las componentes de la Sala, Carla Bellini, que defiende que la declaración de la víctima de violencia sexual puede ser considerada prueba de cargo suficiente contra los acusados, incluso cuando se trate de la única prueba disponible, “porque al producirse (los hechos de violencia sexual) generalmente con absoluta clandestinidad, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada”.
La resolución anulada, firmada por el magistrado Antonio Doreste, redujo la pena a un hombre que acuchilló 11 veces a su expareja, al tipificar los hechos como lesión consumada en vez de asesinato en grado de tentativa porque el cuchillo usado tenía la hoja flexible El magistrado reacio a creer a mujeres y menores víctimas de violencia sexual
El Supremo ha anulado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que adolece de “gruesos defectos” formales y de motivación y contiene un relato de hechos probados “indefinido, mal estructurado y contradictorio”. La resolución judicial ahora tumbada por el alto tribunal español había reducido de catorce a seis años y medio de cárcel la pena impuesta en primera instancia a un hombre que acuchilló en once ocasiones a su expareja, al entender la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC que los hechos no eran constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, sino de lesiones consumadas.
La sentencia que ha merecido el duro reproche del Supremo fue dictada el pasado 18 de septiembre. Su ponente es Antonio Doreste, expresidente del TSJC. Su sucesor en este cargo, Juan Luis Lorenzo, y la magistrada Carla Bellini completaban el tribunal. El fallo anulado había estimado de forma parcial el recurso del acusado contra la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que lo condenó por asesinato en grado de tentativa.
Los hechos enjuiciados se remontan al 18 de noviembre de 2021. Ese día, sobre las tres de la tarde, el agresor se abalanzó sobre la víctima, su expareja, cuando la mujer se encontraba en el interior de su coche en un aparcamiento de la localidad de Costa Calma, en Fuerteventura, y le clavó de forma reiterada un cuchillo mientras le decía: “Voy a matarte, arruinaste mi vida”. El hombre llevaba peluca, mascarilla y capucha para ocultarse.
Según el relato de hechos probados de esa primera sentencia de la Audiencia de Las Palmas, el acusado dirigió su ataque “a la zona del cuello y del pecho” de la víctima, que “se defendió con las manos”. Un ciudadano que se encontraba por los alrededores de esa zona de estacionamiento intervino y agarró al agresor para “evitar que culminara la acción”.
La mujer sufrió heridas y hematomas en manos y brazos. Además de la primera asistencia sanitaria, precisó tratamiento quirúrgico y requirió 63 días para su curación, 30 de ellos con un perjuicio “moderado” en su calidad de vida y 33 con un perjuicio “leve”. El fallo de la Audiencia de Las Palmas consideró probado que el acusado cometió esos hechos “movido claramente por no aceptar la decisión” de la víctima de “romper su relación sentimental”.
Recurso al TSJC
La Audiencia de Las Palmas condenó al acusado por asesinato en grado de tentativa a través de una resolución fechada en marzo de 2024. Seis meses después, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC estimó en parte el recurso de apelación presentado por la defensa.El alto tribunal canario hizo propio el relato de hechos probados de esa primera sentencia, pero con un añadido. Consideró relevante el tipo de cuchillo utilizado por el hombre para agredir a su expareja, “un simple cubierto especialmente flexible”, y las lesiones que produjo a la víctima. “Pese a haberle apuñalado en nada menos que 11 ocasiones, no hay heridas incisas, es decir, de corte, sino superficiales, hematomas (por golpes) y escoriaciones (heridas muy leves, por roce, no por punción o perforación), lo que indica la inidoneidad del cuchillo utilizado para profundizar o perforar, siendo obvio que se trata de un cuchillo de cubertería flexible”, recoge la sentencia firmada por Antonio Doreste.
La sentencia del TSJC anulada por el Supremo también destacaba que “todos los lugares de la agresión (sic) se producen en manos y piernas, salvo uno en caja torácica, pero siendo una simple escoriación (un roce) sin perforación de piel”. Con esos argumentos, la Sala de lo Civil y lo Penal concluía que el agresor no tuvo “ánimo de matar, sino de lesionar”, por lo que redujo el tipo delictivo de asesinato en grado de tentativa a lesiones consumadas y, en consecuencia, la condena de catorce a seis años y medio de cárcel.
El reproche del Supremo
La Sala de lo Penal del Supremo ha anulado esa sentencia del TSJC y ha devuelto las actuaciones al mismo tribunal para que dicte una nueva resolución “subsanando los graves defectos apreciados respecto a los hechos que considera o no probados”.“No es fácil comprender los razonamientos de la sentencia impugnada (del TSJC). Ni tampoco, y esto es lo que importa ahora, determinar qué hechos consideró finalmente probados y cuáles no, en la medida en que los expresa, a lo largo de su fundamentación jurídica, de un modo llanamente contradictorio”, incide el Supremo en una sentencia que está fechada el pasado 15 de enero y tiene como ponente al magistrado Leopoldo Puente.
El TSJC elabora un relato que “adolece de inconsistencias y contradicciones internas”. Así, la sentencia del tribunal canario descarta la existencia del “ánimo de matar” en la conducta del acusado “no solo con el incomprensible argumento de que un cuchillo (de hoja) flexible resulta inidóneo para este fin”, sino además “en abierta contradicción con otros hechos probados que, poco antes, había asegurado hacer propios”, sostiene el Supremo.
Con respecto al cuchillo de quince centímetros utilizado en la agresión, el Supremo destaca que el hecho de que tuviera la hoja flexible “no determina en modo alguno” que sea un instrumento “inhábil” para provocar heridas mortales, como mantenía el TSJC, y recuerda la “naturaleza flexible” de los conocidos como “cuchillos jamoneros”.
La primera sentencia, la dictada por la Audiencia de Las Palmas, ya exponía que se trataba de un cuchillo “perfectamente afilado” que, además de haber causado a la víctima lesiones incisas que precisaron una intervención quirúrgica, había dejado marcas en el asiento del vehículo, tal y como manifestó el agente de la Guardia Civil que realizó la inspección ocular.
El Supremo tampoco entiende que el TSJC sostenga que el ataque no se dirigió contra zonas vitales del cuerpo de la víctima cuando en esa misma sentencia admite como hecho probado que el agresor intentó clavarle el cuchillo de manera reiterada “en el cuello y el pecho” y que la mujer “se defendió con las manos”. Para “redondear la contradicción”, la sentencia del tribunal canario incluye la “insólita afirmación” de que la agresión no le produjo heridas incisas, cuando una de ellas, en la mano izquierda, requirió cuatro puntos de sutura y otra, en la derecha, siete. “¡Siete puntos!”, enfatiza el alto tribunal español.
En síntesis, la Sala de lo Penal del Supremo concluye que el relato de hechos del TSJC es defectuoso. En primer lugar, porque la referencia a la flexibilidad del cuchillo es “poco relevante e imprecisa”. Y “lo más importante”, porque “afirma y niega al mismo tiempo” que el ataque se dirigió contra zonas vitales y porque “ignora” que mientras clavaba el cuchillo a la víctima el acusado le decía que la iba a matar porque le había “arruinado la vida”.
Según el Supremo, no es posible la estimación íntegra del recurso presentado por la acusación particular y la Fiscalía, que habían pedido que se rehabilitara la primera sentencia, la dictada por la Audiencia de Las Palmas. “Ello no es posible a partir del confuso relato de los hechos que la sentencia recurrida considera probados, sin que la modificación de los mismos, en perjuicio del acusado, pudiera ser realizada por este tribunal, ignorando las imprecisas adiciones y contradicciones que al respecto la sentencia impugnada aporta”.
Es decir, ahora debe ser el mismo TSJC quien dicte una nueva resolución analizando el recurso de la defensa y subsanando los defectos formales apreciados por el Supremo.
El ponente
La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC está conformada por Juan Luis Lorenzo Bragado (su presidente), Antonio Doreste y Carla Bellini. Aunque en la sentencia ahora anulada por el Supremo la decisión es unánime, en los últimos cinco años se ha evidenciado en este órgano judicial una discrepancia de criterios entre los magistrados. En particular, en los procedimientos sobre delitos sexuales.Decenas de sentencias dictadas sobre esta materia en el último lustro contenían un voto particular discrepante con respecto a la posición mayoritaria de la sala. En todas ellas, Antonio Doreste (ponente de la resolución recién tumbada por el Supremo) se posiciona a favor de la absolución de los acusados (o de una rebaja de penas) por sus dudas sobre la credibilidad de los testimonios de las víctimas o porque considera que no están sustentados por otros indicios incriminatorios.
Su criterio colisiona con el de otra de las componentes de la Sala, Carla Bellini, que defiende que la declaración de la víctima de violencia sexual puede ser considerada prueba de cargo suficiente contra los acusados, incluso cuando se trate de la única prueba disponible, “porque al producirse (los hechos de violencia sexual) generalmente con absoluta clandestinidad, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada”.
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#^Hizbulá rechaza la extensión de la tregua y exige la salida de las tropas israelíes del Líbano
El secretario general del movimiento chií libanés Hizbulá, Naim Qasem, rechazó este 27 de enero la extensión de la tregua con Israel, confirmada por el Gobierno del Líbano, y exigió la salida de las tropas del país hebreo de todos los territorios ocupados en el sur del país.
El secretario general del movimiento chií libanés Hizbulá, Naim Qasem, rechazó este 27 de enero la extensión de la tregua con Israel, confirmada por el Gobierno del Líbano, y exigió la salida de las tropas del país hebreo de todos los territorios ocupados en el sur del país.
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"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no paga la pena viure'l" A. Camus
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